Por redacción de Sin Comillas
La firma de consultoría McKinsey & Company ha estado asesorando a la Junta de Control Fiscal desde 2016 mientras que sus clientes han ganado miles de millones en negocios con el Gobierno, según ha publicado The Wall Street Journal Pro, que cita los documentos presentado en un tribunal federal el mes pasado.
La firma ayudó a la Junta en la evaluación de contratos con compañías que eran sus clientes y que incluyen a Quanta Services Inc. (propietaria de Luma Energy), Molina Healthcare (que obtuvo un contrato de $900 millones) y ManpowerGroup ($250 millones). McKinsey también tiene entre su lista de clientes a Ecoeléctrica, pero no divulgó que también trabaja con la española Naturgy Energy Group S.A., matriz de la anterior. Ambas obtuvieron un contrato, en 2019, por $9,000 millones.
A McKinsey se le olvidó informar (dice que fue una omisión involuntaria) que entre sus clientes está Puma Energy Caribe, que desde 2018 ha firmado contratos con la Autoridad de Energía Eléctrica por más de $2,100 millones por la entrega de diesel y “bunker fuel”. Tampoco incluyó la relación con Fortess Energy, propiedad de su cliente SoftBank.
La información salió a la luz debido a que en noviembre del año pasado el Comité de Energía y Recursos Naturales del Senado de Estados Unidos aprobó una legislación que requeriría que McKinsey y otras firmas que asesoran a la Junta en la reestructuración de la deuda de Puerto Rico revelen posibles conflictos de intereses. Desde 2018, el Congreso de Estados Unidos ha estado discutiendo los posibles conflictos de interés en el proceso de reestructuración de la deuda de Puerto Rico.
La legislación surge a raíz de que medios de comunicación revelaran posibles conflictos que involucran a McKinsey & Co. En 2018, The New York Times desveló que mientras McKinsey actuaba como el principal asesor de la Junta, una subsidiaria de la firma llamada MIO Partners (McKinsey Investment Office Partners) era dueña de por lo menos $20 millones en bonos de Puerto Rico. McKinsey también tiene millones de dólares invertidos en Whitebox Advisors, uno de los miembros de la Coalición Sénior de Bonistas de Cofina.
La Junta de Control Fiscal reconoció al Centro de Periodismo Investigativo que supo que existía un posible conflicto de McKinsey en septiembre de 2018, y que tras conocerlo llevó a cabo una investigación y en febrero de 2019 concluyó que McKinsey cumplió con todos los requisitos contractuales y legales, que MIO Partners mantenía inversiones en deuda de Puerto Rico, pero que los asesores de McKinsey desconocían de estas inversiones y que no influenciaron sus decisiones con respecto a las inversiones de MIO. No obstante, el informe recomendó ampliar los requisitos de divulgación, incluyendo extender la lista de partes interesadas y requerir divulgación sobre los afiliados de sus suplidores y asesores.
