Eileen Segarra, profesora de economía de la Universidad de Puerto Rico en Río Piedras. (Foto: Sin Comillas)

Por Luisa García Pelatti

Recortar significativamente la deuda pública y poner fin a cinco años de negociaciones es la principal ventaja del Plan de Ajuste aprobado en enero. Sin embargo, no está claro que el plan vaya a ser sostenible en el largo plazo, advirtieron cuatro profesores de economía que participaron en una conferencia organizada por la Asociación de Estudiantes de Economía de Ciencias Sociales del Recinto de Río Piedras de la Universidad de Puerto Rico. Los economistas hablaron de las ventajas y desventajas de este acuerdo, de sus consecuencias y del peligro de volver a caer en la quiebra. Todos están de acuerdo en que el principal perdedor en este proceso ha sido la Universidad de Puerto Rico (UPR).

Para Carlos Rodríguez, es una contradicción tener un plan que promueve el desarrollo económico pero recorta el presupuesto de la universidad. Por su parte, Eileen Segarra advierte de las consecuencias de los recortes a los fondos de la UPR. “Estamos ante la última generación de estudiantes que va a poder participar de la universidad tal y como existe actualmente”. Vamos a tener que decidir entre dar una educación universitaria de calidad a una cantidad menor de estudiantes o dar una mala educación a una cantidad mayor, señala. El Plan reduce en 44% la aportación del Gobierno a la UPR, una situación que calificó de “insostenible”.

“Todos tenemos que pagar la deuda pero no todos participamos del proceso, que se hizo en cuartos oscuros. Ni siquiera los políticos tuvieron que ver en ese proceso”, explica Segarra, y añade que eso explica las recientes protestas, pero lamenta que lleguen “un poco tarde” porque “mucho ya está decidido”. La negociación de la reestructuración de la deuda no se hizo en consenso, “ni siquiera se habló de lo que estábamos dispuestos a sacrificar y defender. La UPR fue una de las cosas que se fue por  la canal”, apunta.

Los economistas estuvieron de acuerdo en que la principal ventaja del Plan de Ajuste es el recorte que sufre la deuda. “Es importante acabar de salir de ese proceso y ponerle punto y final a una renegociación que ha tomado cinco años”, comentó Juan Lara. Considera importante que “podamos enfocar la política pública en otros asuntos” y pensar en la posibilidad de que en algún momento tengamos acceso a los mercados financieros y bajo qué condiciones, “porque vamos a necesitar financiamiento a mediano y largo plazo para sostener el desarrollo económico”.

Lo que más preocupa es saber si este recorte de la deuda será sostenible, si vamos a poder pagarlo o volveremos a caer en la quiebra. Lara opina que el acuerdo va a ser sostenible a corto y mediano plazo. Pero en el largo plazo, “no está claro que podamos mantener el gasto público que Puerto Rico necesita mantener y continuar con el servicio de la deuda y las pensiones. Quedamos con un presupuesto apretado”.

Los fondos federales que se están recibiendo pueden ayudar a fortalecer la economía. Segarra considera que el efecto multiplicador de estos fondos pueden suavizar las medidas de austeridad y evitar que “el cantazo” se sienta tanto. Pero en el largo plazo es pesimista y cree que Puerto Rico volverá a caer en el impago.

“Estamos viendo un movimiento muy serio de protesta contra las condiciones salariales, muy precarias, que prevalecen en el sector público. Y eso adelanta el tema de cuán efectivo va ser el manejo del presupuesto en los próximos años, cuando hay pocos recursos que no están comprometidos y poca capacidad para nuevas oportunidades que se presente”, explica Lara.

Pero no todo depende de este Plan. “No es tan grande para determinar el futuro económico de Puerto Rico, que depende de muchas otras cosas”, opina Lara. Es necesario realizar varias reformas, la más urgente una verdadera reforma contributiva. “Puerto Rico necesita atender una serie de problemas estructurales que es lo que compromete nuestro futuro, más que la deuda en sí y esos problemas no están restringidos por este acuerdo de la deuda”, añade.

La principal desventaja del Plan es la ausencia de un modelo de desarrollo económico, apuntó Heriberto Martínez, que cuestionó que el récord de liquidez que registran los bancos y las cooperativas no se esté traduciendo en inversión. Hace falta, dijo, una reforma contributiva que apoye la competitividad y la productividad. “La responsabilidad, al final del día, recae en cómo los ciudadanos escogen su gobierno de aquí en adelante”, sostiene Martínez.

“Lo que hemos visto hasta ahora es que la clase política no ha aprendido nada”, sostiene Segarra en referencia al “barrilito” de la Legislatura y la respuesta del gobernador a las protestas. “No puedes tener un sistema educativo con esos sueldos. Esa discusión tuvo que haberse dado en el plan. Ese era el momento de que el Gobierno hubiera atendido esos problemas y no hacer promesas de cosas que no va haber los fondos para ofrecer”.

Aunque Segarra cree que vamos de hacia el impago, dice que no es inevitable. “Tenemos tiempo de cambiar el liderato político y exigirle que hagan sus proyecciones a largo plazo teniendo en cuenta las necesidades de la población y tomando en consideración las necesidades del pueblo”.

La sostenibilidad del Plan en el largo plazo dependerá de que la economía crezca y de que el gobierno no comprometa los recursos de forma desmedida limitando la capacidad de pago. “A más largo plazo, no sabemos cuánto va a crecer esta economía o si va tener capacidad de crecimiento porque depende de decisiones de estrategia de desarrollo económico que hay que tomarlas ya, pero su efecto es a largo plazo”, explica Lara.

El Plan de Ajuste de la Deuda aprobado por el Tribunal Federal en el mes de enero modifica unos $33,000 millones en deuda de Obligaciones Generales, de la Administración  de los Sistemas de Retiro y de la Autoridad de Edificios Públicos. La reducción de la deuda sería de alrededor de 80% y supone un ahorro de $50,000 millones en pagos del servicio de la deuda.

Todavía está pendiente la reestructuración de la deuda de la Autoridad de Energía Eléctrica (AEE) y la Autoridad de Carreteras.

En febrero de 2019, el mismo tribunal aprobó el Plan de Ajuste de la deuda de la Corporación del Fondo de Interés Apremiante (COFINA), el primero en el proceso de reestructuración de deuda de Puerto Rico bajo el Título III. El Plan redujo en $6,000 millones el total de la deuda de $18,000 millones. También se han reestructurado $4,000 millones en bonos del extinto Banco Gubernamental de Fomento (BGF) y $8,000 millones en otras deudas del BGF.

Las ventajas del Plan de Ajuste

  • Reduce la deuda pública a prácticamente la mitad
  • Garantizan las pensiones del sector público, pero sólo en el corto plazo
  • Hay un marco de referencia claro del proceso presupuestario en los próximos años
  • Pone fecha de salida a la Junta de Control Fiscal y permitirá enfocar la política pública en otros asuntos
  • Posibilidad de tener acceso a los mercados financieros

Las desventajas

  • No hay certeza de que el recorte de deuda sea suficiente para evitar un nuevo impago en el largo plazo
  • No hay una estrategia de desarrollo económico
  • El Gobierno tendrá menos recursos para ofrecer servicios
  • No se han definido los servicios esenciales
  • Con el uso de bonos de valor contingente se terminará pagando más de lo que se proyecta inicialmente
  • Hay un trato desigual de los bonistas. Algunos de los bonistas, los que compraron deuda muy barata, salen beneficiados porque van a recibir una proporción mayor
  • El efecto negativo es mayor en la UPR y los municipios
  • No fue un proceso participativo