Andrew Biggs, miembro de la Junta de Control Fiscal. (Foto: Sin Comillas)
Por redacción de Sin Comillas
“Durante décadas, los gobiernos de Puerto Rico han prometido demasiado y no han cumplido con el pueblo de Puerto Rico. Se han hecho promesas en diferentes administraciones y partidos políticos, promesas sin cumplir por la incapacidad del Gobierno de conseguir el financiamiento necesario. La mala administración financiera condujo a la crisis financiera, la única razón por la que se adoptó la Ley PROMESA hace más de cinco años. El pueblo de Puerto Rico ha pagado el mayor precio y merece
más de sus funcionarios electos”, señaló la Junta de Control Fiscal en declaraciones escritas el viernes.
Las palabras de la Junta vienen a apoyar las expresiones que hizo Andrew Biggs, miembro de la Junta, durante una conferencia en la Universidad de Harvard el jueves. Biggs hizo referencia a la falta de capacidad administrativa y voluntad política del Gobierno de Puerto Rico.
El gobernador Pedro Pierluisi reaccionó manifestando que las palabras de Biggs “demuestran desdén y desprecio hacia nuestro pueblo y nuestros servidores públicos, y además, le hacen daño a Puerto Rico ante la comunidad inversora y ante el mundo”. Pierluisi pidió a los miembros de la Junta que “en vez de quedarse atascados en la crítica, el negativismo y el pesimismo, y ser un obstáculo burocrático”, deberían “enfocar sus energías en acabar los procesos de reestructuración de deuda pendientes y en facilitar el desarrollo económico que Puerto Rico necesita”.
Lejos de intentar calmar los ánimos, la declaración de la Junta destacan que “los gobiernos de Puerto Rico sobrestimaban los ingresos, se excedían en los gastos y se endeudaban de más no solo con los bonistas, sino también con los proveedores locales, los empleados y los retirados”. La Junta subraya que los diferentes gobiernos acumularon más de $72,000 millones de deuda sin invertir en educación no en infraestructura.
La Junta asegura que continuará “cumpliendo con sus obligaciones legales. El propósito de estas obligaciones es que se garantice una sólida gobernanza fiscal, la rendición de cuentas y los controles internos para evitar por siempre las prácticas del pasado que requirieron la existencia de la Ley PROMESA; también, que se supervise la implementación de las reformas estructurales necesarias para impulsar el crecimiento económico y la prosperidad”.
