Natalie Jaresko, directora ejecutiva de la Junta de Control Fiscal. (Foto: Sin Comillas)
Considera que las leyes son inconsistentes con el Plan de Ajuste de la Deuda
Por redacción de Sin Comillas
La Junta de Control Fiscal solicitó al Tribunal de Distrito de los Estados Unidos para el Distrito de
Puerto Rico que dictamine que la Ley de Supervisión, Administración y Estabilidad Económica de Puerto Rico (PROMESA, por sus siglas en inglés) prevalece sobre la Ley 80-2020, la Ley 81-2020 y la Ley 82-2020 y que dichas leyes son inconsistentes con el Plan de Ajuste de la Deuda.
Estas tres leyes ampliarían los beneficios de los empleados gubernamentales retirados. La Ley 80-2020 crea un programa de retiro incentivado para algunos empleados del Gobierno. La Ley 81-2020 mejora las condiciones de retiro de policías, bomberos y trabajadores de emergencias. Y la Ley 82-2020 permitiría que los maestros del sistema público puedan utilizar el balance de la licencia por enfermedad como tiempo trabajado para su retiro.
Según la Junta, estas leyes “impondrían sobre los contribuyentes de Puerto Rico costos futuros sustanciales que el Gobierno aún no ha cuantificado en su totalidad”. El costo de estas leyes ascendería a $5,000 millones, aseguró un abogado de la Junta en la vista de confirmación celebrada el lunes. El Gobierno no ha presentado un plan sobre cómo pagará esos costos adicionales.
“La implementación de las tres leyes añadiría nuevos beneficios a los participantes del Sistema de
Retiro de los Empleados y del Sistema de Retiro para Maestros, fondos que estaban en estado de
insolvencia durante la adopción de Promesa porque las administraciones anteriores habían dejado
de financiar adecuadamente las promesas del Gobierno a los retirados. Las leyes en cuestión ofrecen
nuevos beneficios que añadirían aún más costos a los pagos de pensiones actuales del Gobierno”, asegura la Junta.
