Por redacción de Sin Comillas

Desde que se empezaron a relajar las restricciones a la movilidad y a la actividad económica por la pandemia de COVID-19 en gran parte del mundo, la demanda de bienes y servicios ha experimentado un crecimiento repentino al que los fabricantes y transportistas no han sido capaces de dar respuesta, lo que ha generado un cuello de botella.

El secretario de Transporte de Estados Unidos, Pete Buttigieg, reconoció que los problemas en la cadena de suministros durarán hasta el año que viene, e instó a aprobar el proyecto de ley de infraestructuras para minimizar el impacto de esas perturbaciones.

“Ciertamente, muchos de los desafíos que hemos venido experimentando este año continuarán durante el próximo. Pero hay pasos tanto a corto como a largo plazo que podemos tomar para hacer algo al respecto”, dijo Buttigieg durante una entrevista con la cadena CNN.

Uno de los mejores ejemplos de esta situación son los puertos de Los Ángeles y Long Beach, los dos mayores del país y que viven una situación de colapso, con largas colas de enormes cargueros fondeando frente a los muelles a la espera de poder atracar y descargar sus mercancías, una tarea que puede demorarse hasta doce días.

Buttigieg recalcó que parte de lo que está ocurriendo no tiene que ver sólo con los suministros, sino con el aumento de la demanda.

“Este es un ejemplo más de por qué tenemos que aprobar la ley de infraestructuras. Ese plan del presidente tiene $17,000 millones de dólares solo para los puertos, y tenemos que lidiar con los temas de largo plazo que han hecho que seamos vulnerables a este tipo de atascos cuando fluctúa la demanda”, agregó Buttigieg.

El plan de infraestructuras está valorado en $1.2 billones y fue aprobado en el Senado hace semanas con apoyo de los dos partidos, pero todavía está pendiente de aprobación en la Cámara, que quiere votar sobre el tema el 31 de octubre.

Ese proyecto para reconstruir carreteras y puentes y mejorar otras infraestructuras del país es una de las dos patas de la agenda económica del presidente Joe Biden; la otra, pendiente de aprobación en el Senado, busca expandir los programas sociales, combatir la crisis climática y subir los impuestos a grandes empresas y ricos.