David Skeel, presidente de la Junta de Control Fiscal. (Foto: Sin Comillas)
Pero advierte que el Tribunal podría requerir el recorte de las pensiones
Por redacción de Sin Comillas
“Cuando la Legislatura y el gobernador pongan en vigor una legislación aceptable, la Junta de Supervisión enmendará el Plan para eliminar los recortes a las pensiones acumuladas de los empleados públicos retirados y de los empleados actuales del Gobierno de Puerto Rico”. Es la condición que impone la Junta para lograr que se apruebe la legislación necesaria para emitir los bonos de obligación general que requiere el Plan de Ajuste de la Deuda. Pero, siempre hay un pero, el Tribunal de Distrito para el Distrito de Puerto Rico podría exigir esos recortes para dar su visto bueno al Plan.
Los detalles se incluyen en una carta enviada por Natalie Jaresko, directora ejecutiva de la Junta, al gobernador, Pedro Pierluisi, al presidente el Senado, José Luisa Dalmau, y al presidente de la Cámara de Representantes, Rafael Hernández.
Entre otras cosas, la Junta dice que estaría dispuesta a enmendar el Plan de Ajuste de la Deuda de forma que no se incluyan recortes en las pensiones de los empleados públicos, pero no incluiría “la congelación en el Plan de las pensiones” del Sistema de Retiro de Maestros (SRM) y del Sistema de Retiro de la Judicatura (SR) o la eliminación de los restantes ajustes por costo de la vida.
“Me place que finalmente la Junta de Supervisión haya cedido en su empeño de recortar las pensiones públicas, un recorte que he combatido en todos los foros”, comentó Pierluisi en redes sociales. Nada dijo sobre la posibilidad de que sea finalmente el Tribunal quien haga esos recortes.
La Junta dice no tener “ningún desacuerdo filosófico” con el Proyecto de la Cámara 1003. Sin embargo, considera que la medida provocaría que el Plan sea inasequible, insostenible, no sea viable, ni confirmable porque sus disposiciones “cuestan decenas de miles de millones de dólares”. “Por cada dólar que el Plan ahorra en deuda reducida, la medida pudiera gastar dichos ahorros en nuevas obligaciones, dejando al Gobierno en la misma situación precaria que llevó a la puesta en vigor de PROMESA y la creación de la Junta”.
A pesar de todas las advertencias sobre los riesgos de aprobar el Proyecto de la Cámara 1003, la Junta quiere subrayar que la “Legislatura y el gobernador han dejado claro que desean asumir ese riesgo en nombre de los residentes de Puerto Rico”.
Por la importancia del Plan y porque “se agota el tiempo”, la Junta dice que no se pondrá a una legislación que:
- Exija una enmienda del Plan presentado para confirmación que evite los recortes en las pensiones acumuladas de los empleados públicos retirados y los actuales empleados del Gobierno de Puerto Rico, a menos que el Tribunal de Distrito para el Distrito de Puerto Rico lo requiera (pero para ser claros, este requisito no se extiende a la congelación en el Plan de las pensiones del SRM y SRJ o a la eliminación de los restantes ajustes por costo de la vida);
- Proporcione financiamiento adicional, dentro de los límites, a los municipios para la prestación de los servicios gubernamentales necesarios;
- Brinde a la UPR fondos adicionales para mejorar la experiencia y entorno estudiantil, de manera que las asignaciones alcancen un total de $500 millones al año, durante cinco años, desde el AF2023 hasta el AF2027, mientras la UPR también implemente eficiencias estructurales y operacionales;
- Proporcione financiamiento de $1,000,000 para realizar un estudio sobre la viabilidad de expandir la cobertura médica a los residentes que actualmente no cuentan con un plan médico;
- Cree un mecanismo para favorecer las condiciones de pago y cancelación de la deuda tras el cese de la Junta; y
- Establezca un grupo de trabajo conjunto con la Junta, la Legislatura y la Rama Ejecutiva.
“Si bien la Junta de Supervisión está dispuesta a reunirse para responder sus preguntas y hablar sobre los próximos pasos, no estamos dispuestos a revisar las posturas establecidas en esta carta”, señala la carta.
“Un día histórico”
Los presidentes de la Cámara de Representantes y el Senado de Puerto Rico, reaccionaron con euforia a la carta de la Junta señalando que se trata de “un día histórico”. La “decisión de la Junta de Supervisión Fiscal de acoger nuestros reclamos de proteger el 100% de las pensiones, suspender los recortes proyectados a la Universidad de Puerto Rico, reconocer los fondos a los municipios y encaminar el estudio que viabilizará la estrategia para brindar cubiertas médicas a las personas que no tienen un seguro médico, entre otras medidas, demuestran que nuestros argumentos y reclamos era los correctos y que la consistencia y la unidad de propósitos, al final prevalecieron”.
El presidente del Senado indicó que en los próximos días se discutirán los procesos legislativos correspondientes para encaminar los acuerdos alcanzados para que una vez sean aprobados por la legislatura, pasen a la firma del Gobernador. No hubo comentarios sobre la posibilidad de que el Tribunal exija los recortes que ahora evita la Junta.
Lea la carta de la Junta de Control Fiscal al Gobernador y la Legislatura
