Por redacción de Sin Comillas
El jueves, el Tribunal Supremo de Estados Unidos declaró ilegal la prórroga de la moratoria en el pago del alquiler establecida en abril de 2020 y prorrogada el mes pasado por el Gobierno de Joe Biden. La decisión se basa en una cuestión técnica: según el Supremo, el gobierno ejecutivo no tiene competencia para llevar a cabo esa medida, que es responsabilidad del Congreso.
Biden le pidió a los estados y jurisdicciones que actúen desde sus legislaturas para aprobar medidas que protejan el derecho al techo ante la emergencia.
La moratoria, que protege la vivienda de cerca de 7 millones de personas que viven de alquiler, se puso en vigor a través de los Centros para el Control de Enfermedades (CDC) bajo el entendimiento de que mantener un techo seguro es una asunto de seguridad pública ante la pandemia.
En Puerto Rico, el Gobernador Pierluisi vetó el proyecto 429, que buscaba prohibir los desahucios y ejecuciones por hasta 90 días tras la declaración de un estado de emergencia.
“Nos parece inverosímil e insensible que mientras en Estados Unidos y Puerto Rico la primera plana es la crisis de desahucio, el gobernador elija vetar un proyecto sin siquiera reconocer en sus expresiones la crisis de vivienda, la gente que no sabe cómo pagar renta o hipoteca, a las personas sobrevivientes de desastres que siguen desamparadas.Escogió proteger a la banca, ponerla sobre las familias puertorriqueñas desesperadas”, señaló Ariadna Michelle Godreau Aubert, directora ejecutiva de Ayuda Legal Puerto Rico.
Por su parte, Verónica Gonzalez Rodríguez señaló que entre el 2017 y el primer trimestre del 2021, se ejecutaron más de 13,248 viviendas. En los últimos 10 meses, se han presentado 668 nuevos desahucios. “Los desalojos no esperan a que la emergencia pase”, acotó.
“No nos toca a nosotras pedir la reconsideración del Gobernador. Nuestro espacio es seguir luchando por los derechos de las personas sobreviviente de desastres. En este proceso ganamos la aprobación de la legislatura de un proyecto histórico. Logramos que se solicitara y desembolsara asistencia de alquiler. Amplificamos el reclamo por alquileres dignos y demostramos que las instituciones financieras jamás se autorregulan en beneficio de las personas en riesgo de perder su casa. Desde Ayuda Legal Puerto Rico abriremos nuestras líneas para ofrecer apoyo legal gratuito a personas de ingresos limitados que enfrenten desahucios por impago. Lo haremos mientras seguimos fiscalizando a la banca y al gobierno porque la recuperación justa y la vivienda digna son derechos”, añadió Godreau Aubert.
