Natalie Jaresko, directora ejecutiva de la Junta de Control Fiscal.

Los maestros que acepten el acuerdo recibirán $3,000

Ofrece más dinero a suplidores y otros acreedores

Por redacción de Sin Comillas

La Junta de Control Fiscal radicó su quinto Plan de Ajuste enmendado para el Gobierno que incluye un acuerdo con el Comité Oficial de Acreedores No Garantizados (UCC, en inglés) y una propuesta de acuerdo con la Federación Americana de Maestros (AFT), la Asociación de Maestros de Puerto Rico (AMPR) y la Asociación de Maestros de Puerto Rico – Local Sindical (AMPR-LS).

El Acuerdo con el UCC será de $575 millones en pagos en efectivo a realizarse entre 2021 y 2025, de los cuales los acreedores no garantizados recibirán una recuperación prorrateada. Los acreedores no garantizados incluyen pagos a suplidores y contratistas del gobierno, los que tienen litigios pendientes y empleados públicos, entre otros.

Aumento para los acreedores no garantizados

El acuerdo provee una recuperación estimada de aproximadamente el 20% para las reclamaciones de los acreedores no garantizados y crea un mecanismo para que los acreedores por debajo de un cierto umbral de crédito reciban una recuperación total. El acuerdo refleja un aumento de ese umbral en comparación con el Plan de Ajuste anterior: las reclamaciones individuales inferiores a $20,000 ($10,000 anteriormente), o si el mismo acreedor presenta múltiples reclamaciones, por debajo de $40,000 ($20,000 anteriormente) en conjunto, recibirán recuperaciones totales como parte de la “Clase de Conveniencia”. Los acreedores que tienen reclamaciones que sobrepasan los umbrales de $20,000 y $40,000 también tienen la opción de “adherirse” a la Clase de Conveniencia y recibir una recuperación hasta los umbrales, en la medida en que hacerlo pueda resultar en una mayor recuperación. En muchos casos, los acreedores que opten por la Clase de Conveniencia recibirán recuperaciones casi completas de sus reclamos.

Las diferentes deuda a los acreedores no garantizados pueden transferirse a un método Alternativo de Solución de Conflictos (ADR, por sus siglas en inglés), donde pueden negociar y resolver sus reclamaciones. Además, el Plan de Ajuste establece que ciertas reclamaciones se pagarán en su totalidad una vez que se valide la reclamación, por ejemplo, las reclamaciones por pensiones no pagadas o pagos atrasados o reembolsos de contribuciones sobre ingresos adeudados. Esas reclamaciones se resolverán a través de un Procedimiento de Reconciliación Administrativa de Reclamaciones (ACR) en lugar de resolverse por medio del Plan de Ajuste.

El Tribunal de Distrito de los Estados Unidos para el Distrito de Puerto Rico supervisa las reclamaciones que han sido transferidas al ACR y conserva la jurisdicción en caso de que surjan problemas en la conciliación de las acreencias del ACR. Los demandantes tienen la oportunidad de apelar el resultado del proceso del procedimiento de ACR.

Pago de $3,000 a los maestros que acepten el Acuerdo

La propuesta para un acuerdo con las uniones de maestros está sujeta a la ratificación de la mayoría de los docentes activos, que recibirán un pago de $3,000 si lo aprueban. Entre otros beneficios, el acuerdo propuesto brinda elegibilidad de Seguro Social a los maestros, aumenta las aportaciones del gobierno al plan médico de los maestros y permite a los maestros acumular beneficios de retiro adicionales antes de que se congele la acumulación de beneficios definidos adicionales, en comparación con los términos para la congelación de pensiones bajo las versiones anteriores y actuales del Plan de Ajuste.

Los futuros beneficios de retiro se basarían en las contribuciones y los ingresos de las nuevas cuentas segregadas de Retiro de Contribución Definida financiadas por las aportaciones de los empleados, además de los beneficios de pensión de los maestros acumulados hasta la fecha en que se congelen las provisiones futuras.

Tribunal aprueba declaración informativa

Laura Taylor Swain, la jueza a cargo de quiebra de Puerto Rico, aprobó preliminarmente la declaración informativa del Plan de Ajuste del Gobierno. El gobernador Pedro R. Pierluisi destacó que la jueza falló a favor de Autoridad de Asesoría Financiera y Agencia Fiscal (AAFAF) al ordenar a la Junta divulgar concretamente el riesgo que el Plan de Ajuste no pueda ser confirmado sin contar con el aval del Gobierno.

“Como he dicho desde un principio, le he advertido a la Junta de Supervisión y Administración Financiera que insistir en un recorte a las pensiones pone en riesgo la legislación necesaria para dar paso al Plan de Ajuste. Mi Gobierno está disponible para dialogar de buena fe con la Junta para eliminar el recorte a las pensiones y buscar la manera de obtener la legislación necesaria”, señaló Pierluisi.