Por redacción de Sin Comillas
Mientras desde algunos sectores se pide la eliminación de los incentivos que ofrecen las leyes 20 (para Fomentar la Exportación de Servicios) y 22 (para Incentivar el Traslado de Individuos Inversionistas a Puerto Rico), desde otros sectores las defienden.
El Departamento de Desarrollo Económico y Comercio (DDEC) dio a conocer la semana pasada un estudio que concluye que el impacto económico de las leyes 20 y 22 ha sido positivo pero modesto y recomienda hacer cambios.
María de Lourdes Santiago, senadora del Partido Independentista Puertorriqueño (PIP), presentó el Proyecto del Senado 40, que pretende derogar eliminar estos incentivos. La medida se discute esta semana en la Comisión de Hacienda del Senado.
Durante las vistas en la Legislatura, el Departamento de Hacienda recomendó desarrollar una mayor fiscalización sobre las Leyes 20 y 22. “Estas dos leyes representan dinero nuevo para el erario, por lo que, en lugar de su derogación, debe promoverse una mayor fiscalización, así como un análisis minucioso, para determinar dónde requieren ajustes, en beneficio del fisco”, expresó Ángel Pantoja Rodríguez, subsecretario de Hacienda ante la Comisión de Hacienda, Asuntos Federales y Junta de Supervisión Fiscal del Senado en la vista pública sobre el Proyecto del Senado 40 y 284.
En Hacienda recae la labor de fiscalizar estas leyes, pero la propia agencia reconoce que su intervención ha sido “muy pobre”. Pantoja Rodríguez señaló que el informe de transición de 2012 a 2016, “no refleja, ni establece procedimiento o mecanismo alguno de fiscalización para estas leyes”.
Desde el año contributivo 2017, Hacienda “comenzó a tomar cartas sobre la fiscalización de estas leyes. Ese año se inició la confección de los Informes de Gastos Tributarios, en el que se mide el costo fiscal de los distintos incentivos contributivos, entre los que están las Leyes 20 y 22”. Desde entonces se establecieron programas de digitalización, medición de costos y otras estrategias.
“Nuestro programa de fiscalización incluyó la contratación de un experto contributivo que nos está ayudando a delimitar un plan de acción y el alcance de las auditorías que vamos a trabajar a partir de octubre. También iniciamos conversaciones con el IRS (“Internal Revenue Service”) para colaborar sobre los procesos que ellos hagan a nivel federal, que es su jurisdicción. Tenemos un Tax Coordination Agreement, que ampliará la visibilidad sobre los decretos”, explicó.
Hacienda envía regularmente los nombres de individuos que reclaman residencia en Puerto Rico y obtienen el beneficio de las leyes. Además, divulgará los requisitos de exclusión de la Sección 933 del Código de Rentas Internas Federal, sobre ingresos de fuentes de Puerto Rico y las reglas de residencia bajo la Sección 937 del mismo Código, para asegurar que la interacción de ambas leyes resulte en una tributación apropiada en los Estados Unidos y Puerto Rico.
Hacienda pidió a la Comisión que le permita participar en la aprobación de los decretos y se le otorgue la facultad de reglamentar, en conjunto con el DDEC, las disposiciones contributivas bajo el Código de Incentivos.
Por su parte, el comité bipartita de ex-secretarios y ex-directores del DDEC (formado por 11 personas), representados por Antonio Colorado y Jaime Morgan Stubbe, en conjunto con el DDEC, el Colegio de Contadores Públicos Autorizados y la Asociación de Constructores, se opone a eliminar los incentivos económicos.
Durante la vista pública, Colorado señaló que “estos incentivos no le cuestan nada a Puerto Rico y según dos estudios económicos del Departamento de Desarrollo Económico durante esta década, estas leyes han creado entre 36,000 a 40,000 empleos, y generado $2,500 millones en inversión nueva y $245 millones en recaudos para el Gobierno. Por tanto, las leyes están funcionando bien y solicitamos que no se cambien para que pueda existir certeza y confianza en el Gobierno de Puerto Rico. Hay que entender que el país está en quiebra y si siguen con la política del cambia-cambia cada cuatro años, nadie va a venir a invertir aquí. Esta legislación pretende matar a la gallina porque solo ha puesto un huevo en vez de dos, y después no van a tener ni huevos, ni gallina”.
Por su parte, Morgan Stubbe expuso que estas leyes “beneficia al empresario puertorriqueño en la medida que ha creado una demanda por bienes y servicios significativa. La migración a Puerto Rico de nuevos residentes con capital ha revitalizado el mercado de viviendas que estaba paralizado desde el 2010 creando miles de empleos en este sector, al igual que el mercado de ventas al detal y de autos”.
