Por redacción de Sin Comillas
Una investigación realizada por el Departamento de Justicia, el Departamento del Trabajo y el Negociado de Investigaciones Especiales (NIE) revela la existencia de un esquema de fraude al programa federal Pandemic Unemployment Assistence (PUA, por sus siglas en inglés) por parte de cuatro empleados del municipio de Mayagüez Se presentaron 16 cargos por apropiación ilegal y fraude.
La investigación, que se extendió por alrededor de un año, destapó un esquema originado por Steven Martell Olivencia, Omar Marrero Santiago, Jordán Matías Rivera e Isabel González Rodríguez, todos empleados gubernamentales del municipio de Mayagüez para apropiarse ilegalmente de un total de $45,524.
El secretario de Justicia, Domingo Emanuelli Hernández, explicó que los empleados planificaron el esquema de forma deliberada y a sabiendas de que estaban cometiendo fraude contra el programa federal. Para ello, informaron en sus respectivas solicitudes de asistencia por desempleo que perdieron ingresos como producto de sus labores en ocupaciones falsas, alegando que estas eran sus únicas fuentes de ingresos. No obstante, todos trabajaban a tiempo completo como empleados de diferentes programas y divisiones del Municipio de Mayagüez. En ningún momento su salario en el municipio mermó ni su empleo fue interrumpido.
Según Rodney Ríos, director de la División de Delitos Económicos del Departamento de Justicia, los imputados se exponen a 15 años de cárcel y/ o multas por 12 cargos al Artículo 182 por apropiación Ilegal agravada y cuatro cargos por el Artículo 202 (b) de fraude del Código Penal.
De la investigación se desprende que Martell Olivencia alegó en su solicitud que realizaba trabajos de mantenimiento y poda de árboles, cuando en realidad laboraba como trabajador general en la Oficina Municipal para el Manejo de Emergencias. Su jornada diaria era de seis horas para un total de 30 horas semanales. En un periodo de cinco meses, Martell Olivencia recibió $14,307 de manera fraudulenta.
Mientras, Marrero Santiago y Matías Rivera solicitaron el beneficio del PUA asegurando laborar en lo que denominaron como “potato farming”. Sin embargo, ambos se desempeñaban, respectivamente, como trabajador de construcción y mantenimiento y como auxiliar de mantenimiento y construcción en el Head Start adscrito al municipio con una jornada a tiempo completo. Como resultado del esquema, Marrero Santiago devengó $12,564 en un término de cinco meses y Matías Rivera obtuvo $12,790 en cuatro meses.
González Rodríguez aseguró en la solicitud haber perdido ingresos como instructora de clases de Zumba, a pesar de trabajar como oficial de gerencia pública en la Oficina Municipal para el Manejo de Emergencias con una jornada de 30 horas semanales. Esta se apropió ilegalmente de $12,147 en un periodo de cuatro meses.
Emanuelli Hernández advirtió que un equipo de fiscales del Departamento de Justicia continúa trabajando en múltiples investigaciones, tanto de empleados públicos como del sector privado o de ciudadanos que han declarado falsamente en las solicitudes del PUA para beneficiarse ilegalmente. “Miles de personas perdieron sus empleos o vieron reducido sus ingresos a causa de una pandemia que ha causado dolor e incertidumbre a muchos. El que alguien trate de obtener ventaja de un beneficio que se creó para quienes realmente lo necesitan, es un acto de abuso y total inconciencia. La División de Delitos Económicos y la Jefa de los Fiscales junto al equipo de fiscales del Ministerio Público tienen mi respaldo para ir detrás de todo aquel que defraude un programa destinado a los que necesitan y quienes más vulnerables se encuentran”.
En la investigación, laboraron tres agentes del NIE, destacados en el Departamento de Justicia junto a tres fiscales, Estelle Vilar Santos, Maricarmen Rodríguez Barea, y Luis López Valdés.
