Por redacción de Sin Comillas

Ahora que el Gobierno Ejecutivo, la Legislatura y la Junta de Control Fiscal están enfrascados en la discusión sobre la magnitud y la composición del presupuesto para el año fiscal 2021-2022, hay un aspecto del que estos actores no habla: el “presupuesto oculto”. ¿Cuánto se gasta o se deja de ingresar en incentivos contributivos otorgados a corporaciones?

La respuesta es: $21,194 millones al año, lo que representa una tercera parte (30%) del Producto Nacional Bruto (PNB). El dato lo divulgó en septiembre el Departamento de Hacienda en el primer informe de gastos fiscales de la historia de Puerto Rico. La organización Espacios Abiertos había iniciado en 2017 una batalla legal, que llegó al Tribunal Supremo.

En cinco años, la Junta de Control Fiscal no ha hecho recortes a los incentivos o gastos tributarios, que representan un poco más de dos terceras partes (67.7%) del gasto total que afecta al Fondo General. La Junta tampoco ha evaluado si estos incentivos producen algún beneficio económico o social.

Según Daniel Santamaría Ots, economista y analista sénior de Política Pública de Espacios Abiertos, de los $21,194 millones, por ejemplo, el Gobierno deja de ingresar cada año $15,691.5 millones por tasas preferenciales (74% del total de gastos tributarios) debido a los incentivos que facilitan la Ley 135 de 1997 y la Ley 73 de 2008 “Ley de Incentivos Económicos para el Desarrollo de Puerto Rico”.

“¿Por qué recortar en servicios esenciales como educación, salud o seguridad y no evaluar el costo al fisco de todos los incentivos que se consideran un gasto para las puertorriqueñas y los puertorriqueños, y que no se conoce si rinden los resultados esperados? ¿Por qué llevan cinco años mirando para el otro lado mientras sus políticas siguen destruyendo oportunidades a los que deciden quedarse en la Isla? ¿Cuál es la doble vara y cuáles son sus prioridades? ¿Austeridad para quiénes? ¿A quién se pretende beneficiar en realidad?, cuestionó Santamaría Ots.

Daniel Santamaría Ots, analista sénior de Política Pública de Espacios Abiertos. (Foto suministrada)

Explicó que para el año fiscal 2022 la Junta propuso medidas de austeridad que implican, entre otros, recortes en salud ($5 millones en nómina del Departamento de Salud, $2 millones al Centro de Diabetes y $1.2 millones al Centro Cardiovascular), educación ($94 millones adicionales a la UPR), seguridad ($120 millones en reclutamiento de cadetes para la Policía de Puerto Rico), servicios esenciales de los municipios ($44 millones adicionales del Fondo de Equiparación) y pensionados (8.5% para todas las pensiones superiores a $1,500).

“La responsabilidad fiscal no debería discriminar y siempre recaer sobre los hombros de una ciudadanía a la que cada año le arrebatan un poco más de sus manos las instituciones y mecanismos democráticos que permitieron el desarrollo de los valores que forjaron la clase media de este país”, planteó el economista.

Desde mayo de 2017, Espacios Abiertos identificó la necesidad de que en Puerto Rico—que enfrenta la mayor crisis fiscal de su historia—se divulgara el “presupuesto oculto” sobre lo que el fisco gasta o deja de ingresar en incentivos contributivos otorgados a individuos y corporaciones. Luego de requerir esa información con un pleito judicial que llegó hasta al Tribunal Supremo, en septiembre de 2019 Hacienda publicó por primera vez en la historia un informe de estos gastos, aunque no se ha actualizado. Ahora, esa parte del presupuesto ya no está del todo oculto. Sin embargo, todavía falta que se evalúe su rendimiento.

La organización apoya que el informe sea un requerimiento de ley como ocurre en 50 jurisdicciones de Estados Unidos y destaca el modelo del estado de Oregón, que engloba en su redacción las mejores prácticas en la publicación de un informe de gastos tributarios. Actualmente, en la Asamblea Legislativa se considera un proyecto de ley a esos efectos: el P. del. S.206. El propuesto estatuto tiene tres grandes objetivos: crear un informe anual sobre el gasto fiscal o gasto tributario, establecer un registro público oficial de gastos fiscales en formato de datos abiertos y analizar el retorno de la inversión económica y social de cada gasto tributario o incentivo contributivo.

La Junta sigue prorrogando los estados financieros auditados

Santamaría Ots señaló que otro de los problemas que enfrentan las finanzas públicas en Puerto Rico es el hecho de que los estados financieros auditados son obsoletos porque los más recientes son del año fiscal 2017. Ello impide que se pueda corroborar el estado real de las cuentas públicas que debería justificar la aprobación del reciente plan fiscal y la certificación del próximo presupuesto para el año fiscal 2022.

“Cada año que transcurre vemos cómo la Junta sigue otorgando prórrogas para las elaboraciones de nuevas proyecciones sobre ingresos, estados financieros auditados al día y un informe de gastos fiscales actualizado. Sin embargo, esas concesiones están ausentes cuando lo que está en juego son los servicios esenciales que rinden los municipios o la educación universitaria pública del país, entre otros”, recalcó el economista. “Se siguen dando ultimatums para algunos, pero concesiones para otros. Conceden privilegios para los que pueden cabildear por sus intereses con prestigiosos bufetes de abogados y recortes para una ciudadanía indefensa con instituciones públicas víctimas del deterioro institucional y la falta de fondos públicos a la que la Junta responde con su misma receta: más austeridad para los de siempre”.

Dijo que “este es otro año más en que la Junta, el gobierno y la Asamblea Legislativa preparan cada uno una versión de presupuesto, cuya evaluación para elaborarlo fomenta la inequidad contributiva y es altamente sesgada porque contiene una vista parcial de la realidad fiscal de Puerto Rico”.

El economista destacó que la Junta se ha limitado a hacer presupuestos que descansan en medidas de austeridad a los servicios esenciales y se ha olvidado de formular una propuesta de desarrollo económico que ayude a delinear una ruta para salir de la crisis económica y este año no se ha producido un cambio, a pesar de que hay nuevos miembros en el organismo.

Ante la certificación que emitirá la Junta el 30 de junio del quinto presupuesto recortando exclusivamente del mismo bolsillo de los servicios esenciales de las y los puertorriqueños, Espacios Abiertos recomienda lo siguiente:

  • Que se convierta en ley, el del P. del S. 206: “Ley del Presupuesto de Gasto Tributario de Puerto Rico”
  • Actualización de los informes de gastos fiscales para los años 2018, 2019 y 2020
  • Análisis de rendimiento económico y social de cada gasto fiscal: análisis costo-beneficio (ausente en el primer informe de 2019)
  • Proyecciones de los gastos tributarios del gobierno de Puerto Rico para por lo menos los próximos 2 años fiscales (ausente en el primer informe de 2019)
  • Incluir en el próximo informe de los gastos tributarios de los Municipios (ausente en el primer informe de 2019)
  • Actualización y publicación de los estados financieros auditados para los años 2018, 2019 y 2020

Sobre el presupuesto

El economista explicó que, aunque la Asamblea Legislativa radicará enmiendas reasignando algunas partidas, lo hará dentro del límite de $10,112 millones presentado por la Junta el pasado 11 de mayo.  Esa reasignación tendrá un efecto sobre otras partidas de gastos.  Por otra parte, el presupuesto del gobernador Pedro Pierluisi muestra diferencias con el de la Junta. Las diferencias son tanto en su composición como en la cantidad, que ascendió a $10,700 millones en su primera propuesta anunciada el pasado 2 de febrero y, que después disminuyó a $10,345 millones ante el primer rechazo de la Junta. El detalle de este último presupuesto propuesto por el mandatario representa $233 millones más que el propuesto por la Junta.