José García. (Foto suministrada)
Opinión
Por José G. García*
El estudio realizado por el Instituto del Desarrollo de la Juventud (IDJ) y dirigido por la Dra. María E. Enchautegui, nos presenta un excelente y actualizado diagnóstico sobre los factores y limitaciones que existen para atender el grave problema de la pobreza y propiciar la movilidad social en la isla. El mismo evalúa los principales programas federales y estatales que atienden la pobreza como el Programa de Asistencia Nutricional, Head Start, WIC, Child Care, LIHEAP, Crédito por Trabajo, el Plan Vital y los programas de vivienda de alquiler-Sección 8 y Sección 9. En cada uno de estos nueve programas existen retos, restricciones y una ausencia de integración entre los mismos; a fin de poder alcanzar mejor sus objetivos y lograr un mayor impacto en combatir la pobreza.
Uno de los programas evaluados por el IDJ fue el de vivienda de alquiler -Sección 8, administrado por el Departamento de Vivienda y Desarrollo Urbano federal (HUD) y el Departamento de Vivienda de Puerto Rico. De acuerdo con el estudio del IDJ, uno de los retos de este programa es la oferta limitada de unidades de vivienda y vales (voucher). Sobre esta situación una de las explicaciones que sostiene el estudio es el aumento en los alquileres de corto plazo o Airbnb. Sin embargo, a pesar de que los Airbnb podría ser una de las causas principales, la misma no es la razón fundamental a la limitada oferta de unidades de vivienda subsidiada. Considero que son los limites de ingresos definidos por HUD (Income Limits,2021) los que históricamente han sido muy restrictivos y reducen las posibilidades de que muchas familias pobres cualifiquen para tener acceso a una vivienda asequible y digna. Además, la aplicación de estos límites de ingresos tiende a “penalizar” a las personas y familias que su nivel de ingreso mejora; aumentándole la renta y limitándoles el acceso a otros programas complementarios de asistencia social. Esta situación no es nueva y ya la hemos venido señalando en varios artículos publicados durante los últimos años por este medio (García, 2020) y también ha sido planteado de forma oficial por varias administraciones de gobierno como representantes del sector privado. El Gobierno Federal como el Congreso de los Estados Unidos no han respondido a estos reclamos.
Es importante señalar que el problema de los límites de ingresos restrictivos no solo lo debemos analizar desde la perspectiva de su impacto en la demanda o las familias de bajos ingresos y medianos sino también por el lado de la oferta (constructores de hogares), los cuales son los responsables de proveer nuevas de unidades de vivienda asequible digna y segura. En el caso particular del mercado de vivienda subsidiada de alquiler en la isla, la oferta de unidades es provista principalmente por los proyectos privados cubiertos por el “programa” de Low Income Housing Tax Credits (LIHTC). Este “programa” está basado en la Sección 42 del Código de Rentas Internas Federal, el cual provee créditos contributivos a inversionistas que inviertan en proyectos de construcción de vivienda asequible para familias de ingresos bajos y medianos. Estos proyectos proveen las unidades de vivienda de renta subsidiada a las personas y familias elegibles bajo los programas de Sección 8 y Home entre otros. En la medida que los límites de ingresos sean muy restrictivos pone en riesgo la absorción de las unidades disponibles y la viabilidad de los proyectos de vivienda asequible. En la actualidad se han asignado por HUD a la isla $800 millones para el programa de LIHTC- CDBG. Para poder invertir estos fondos asignados con efectividad y canalizarlos a la provisión de vivienda asequible que tantas personas y familias pobres requieren; resulta inminente e impostergable que se revisen los límites de ingresos establecidos como también las rentas. De no ser así será muy difícil que logremos combatir la pobreza extrema y propiciar la movilidad social en el país durante los próximos años.
- El autor es profesor adjunto de economía y finanzas públicas de el Departamento de Economía de la Universidad de Puerto Rico.
