COLUMNA

Wayne Stensby, CEO de LUMA. (Foto: Gabriel López Albarrán | Centro de Periodismo Investigativo)

Por Damaris Suárez | Centro de Periodismo Investigativo

Poco se ha discutido sobre qué ocurrirá con la entrada de la empresa LUMA Energy a la administración del servicio esencial de la energía eléctrica. ¿Se publicarán los contratos que esta haga? ¿Las reuniones y minutas en las que participe LUMA, serán públicas? ¿Sabremos en qué y cómo se utiliza el dinero público?

¿A quién va a llamar la prensa en momentos de emergencia para que dé cuenta de la situación y cómo se está atendiendo? ¿A la dirección de la AEE o a la de LUMA?

Son muchas las interrogantes que tiene la ciudadanía, especialmente quienes defendemos el libre acceso a información pública, sobre cómo se podrá fiscalizar el uso de los fondos con los que se operará el sistema eléctrico a partir de este 1ro de junio de 2021 y por los próximos 15 años a un costo de $1,500 millones.

La alianza público-privada convierte a LUMA en la operadora de una compleja estructura que va atada a importantes decisiones de política pública y la otorgación de contratos. El manejo de decenas de miles de millones de dólares en fondos federales provenientes de FEMA, destinados a la transformación de nuestro sistema eléctrico obsoleto y devastado por el huracán María, también está en juego.

Si fiscalizar las decisiones de una corporación pública como la Autoridad de Energía Eléctrica (AEE) ha sido cuesta arriba durante estos años, ¿qué podemos esperar a partir de hoy, que la transmisión y distribución pasa a manos de una empresa privada?

Si bien es cierto que LUMA Energy asegura en su página que sus empresas matrices, ATCO y Quanta “están comprometidas con la transparencia y la integridad”, lo cierto es que desde que se oficializó el contrato sus directivos han actuado contrario a ese principio de transparencia al negarse una y otra vez a ofrecer información tan básica como sus salarios.

El CEO de LUMA Energy LLC., Wayne Stensby ha evadido responder públicamente sobre a cuánto asciende su salario y el de los directivos de la empresa. Este reclama que esos datos son confidenciales. Durante una maratónica vista pública en la Cámara de Representantes, Stensby tampoco quiso decir los nombres de los abogados que representaron a la empresa al momento de negociar el contrato, ni qué empresa de relaciones públicas o mercadeo fue contratada por LUMA en Puerto Rico.

Pese a que la Comisión de Desarrollo, Planificación, Telecomunicaciones, Alianzas Público-Privadas y Energía de la Cámara de Representantes le requirió el pasado 21 de marzo esa y otra información a esta fecha LUMA no la ha entregado, confirmó al Centro de Periodismo Investigativo el presidente de la comisión, Luis Raúl Torres Cruz quien dijo que no descarta acudir a los tribunales para exigirla. “Se negaron tres veces. Solo entregaron información parcial alegando que son una empresa privada y que la información requerida es confidencial”, explicó Torres Cruz.

LUMA divulga parcialmente información sobre los salarios de sus directivos en las facturas mensuales que somete a la Autoridad para las Alianzas Público-Privadas. Sabemos que paga por hora $325 a los 13 vicepresidentes, $300 y $275 la hora a los 3 directores “senior” y 10 directores, respectivamente, $210 y $200 la hora a sus 8 gerentes “senior” y 11 gerentes, y $160 la hora a los 3 ingenieros, entre otros, según la última factura disponible. No obstante, de esa factura sometida en marzo de 2021 no se puede precisar quiénes ocupan los puestos.

Una de las alegaciones de LUMA es que no tienen obligación de hacer pública esa información porque la Ley de Datos Abiertos los exime de divulgar información que revele detalles privados de terceros o afecte sus derechos fundamentales; e información confidencial perteneciente a terceros. En una moción al Negociado de Energía, que emitió una orden para que LUMA desglosara las facturas sometidas al Gobierno que ascienden a $116.5 millones por los primeros siete meses de transición, la empresa plantea que no puede revelar los nombres de su personal ni el de los que trabajan con sus suplidores para proteger su derecho a la privacidad, aunque su operación es sufragada con fondos públicos.

Entonces, si estando en el proceso de transición no podemos conocer información básica como es quiénes dirigen la operación y cuánto se les paga porque forman parte de una empresa privada, ¿qué podemos esperar cuando asuman la transmisión y distribución del sistema de servicio eléctrico? ¿Sabremos a quiénes contratan y en qué condiciones? ¿Se harán públicos esos acuerdos contractuales como hasta ahora viene obligada por ley toda corporación pública?

“La información que LUMA ha provisto en las reuniones de la Junta de Gobierno de la AEE en los pasados meses durante el proceso de transición se ha limitado a un informe verbal de aproximadamente 10 minutos por parte del Director de LUMA. Esto es el resultado de que el administrador del contrato es la Autoridad para las Alianzas Público Privadas,” denunció Tomás Torres Placa, representante de los consumidores en la Junta de Gobierno de la AEE.

Aunque se hagan alegatos de confidencialidad, la Ley 159 de 2013 ordena a toda Corporación Pública a transmitir vía internet, todas las reuniones de sus respectivas Juntas donde se deliberen los asuntos de la Corporación Pública, sostuvo. Según el ingeniero, la Ley 159 no exime asuntos delegados a operadores privados. “Todos los asuntos relacionados a la AEE, aun los delegados a un operador privado, son públicos y deben transmitirlos vía internet como parte de sus reuniones mensuales”, recalcó.

“Se requiere que se enmiende el contrato para que toda factura, contratos, y documentos ante el Negociado de Energía y la Junta de Supervisión Fiscal sea aprobado por la Junta de la AEE”, advirtió Torres Placa sobre los cambios necesarios para poder fiscalizar la implantación de la APP.

Una carta enviada por la Oficina del Contralor de Puerto Rico al representante Luis Raúl Torres sostiene que esa oficina mantiene su rol de auditar los fondos públicos manejados por LUMA. No obstante, el principio de la transparencia no reside únicamente en saber del manejo de los intereses públicos a posteriori, sino conocer cómo se toman las decisiones públicas en tiempo real o antes de que se firmen acuerdos que pudieran ir en contra del mejor interés público. Pero a preguntas del CPI, la Contralora no respondió si LUMA estaría obligada a publicar los contratos que otorgue durante su operación como hasta el momento vienen obligadas las agencias, corporaciones públicas, municipios y todo organismo gubernamental.

El Instituto de Economía Energética y Análisis Financiero (IEEFA, en inglés) y la organización ambiental sin fines de lucro, CAMBIO presentaron un recurso de mandamus en el tribunal para obtener información sobre la Autoridad de Energía Eléctrica y el proceso de privatización que está en curso. Según Ingrid Vila, portavoz de CAMBIO, lo único que la AEE entregó “fueron unos ‘powerpoints’ y una certificación de que no habían hecho un estudio de costo beneficio o costo resultante de la privatización”.

Como consecuencia de esta transacción, que deja casi desmembrada a la UTIER, también tenemos que preguntarnos: cuando llegue la emergencia, ¿a quién vamos a llamar para contrastar la información oficial que se ofrezca, si ya el sindicado no estará en la calle? ¿O es que ya se nos olvidó que la dirección de la AEE comunicó cifras oficiales incorrectas durante cinco meses sobre la reconexión eléctrica después del huracán María? El estudio “Satellite-based assessment of electricity restoration efforts in Puerto Rico after Hurricane María”, utilizó imágenes nocturnas satelitales de la NASA para identificar la conexión eléctrica real, y concluyó que la AEE informó en promedio cifras que eran un 17% más altas que la conexión eléctrica real.

Este lunes, el CPI solicitó una entrevista a LUMA para hablar sobre sus políticas de transparencia. Tratándose de una alianza público-privada que operará un servicio esencial y sufragada en su totalidad con fondos públicos, intentamos obtener información sobre los mecanismos que implantarán para hacer pública toda la información y contratos, y cómo se canalizará la información a la prensa en momentos de una emergencia. No recibimos una respuesta.

Si algo queda claro es que el rol de la prensa en este periodo de la privatización será fundamental. No se puede tirar la toalla y aceptar con ojos cerrados la premisa de que “como es una empresa privada, no hay nada que hacer”. Hay que fiscalizar todavía con más empeño para que nuestra gente tenga el servicio que merece, a un precio razonable, para atender necesidades esenciales, como la vida, la salud, la alimentación y el trabajo.