Por redacción de Sin Comillas
El gobernador Pedro R. Pierluisi envió a la Asamblea Legislativa cuatro medidas de administración. Uno de los proyectos es para estudiar el impacto del COVI-19 en la economía, otro busca reglamentar la venta y utilización de gomas usadas. También sometió legislación para regular los donativos políticos en periodo eleccionario y actualizar el Registro de la Propiedad.
Uno de los proyectos quiere analizar el impacto del COVID-19 en los siguientes sectores: salud, comercio, pequeños y medianos empresarios, turismo, bienes raíces, agricultura, servicios y construcción, entre otros. El objetivo es construir “un programa multisectorial de iniciativas y soluciones dirigidas al desarrollo económico a corto, mediano y largo plazo tras el impacto de la pandemia”. El informe deberá ofrecer recomendaciones para la reconstrucción e identificar fondos. También, sugerirá posible legislación.
Agilizar Registro de la Propiedad
El gobernador sometió legislación para agilizar en el Registro de la Propiedad todo documento presentado en o antes del 31 de diciembre de 2020 bajo unos parámetros mínimos de calificación que garanticen los principios registrales de tracto y especialidad. Las inscripciones bajo esta ley se podrán ejecutar de manera expedita lo que permitirá actualizar los datos del Registro de la Propiedad en un máximo de tres años.
Venta de neumáticos
Otra de las medidas busca que se cumplan con estándares de calidad para garantizar la seguridad del conductor. El objetivo de esta medida es impedir que gomas que no cumplan con las cualidades aptas sean usadas en Puerto Rico, lo que disminuiría la contaminación que hay actualmente con la acumulación por exceso de neumáticos usados que no pueden ser reciclados. P
Regulación de donativos políticos
Con esta legislación se quiere prohibir que toda persona natural o jurídica que tenga, posea, interese tener, o licite para obtener un contrato con cualquier entidad de gobierno, incluyendo a los municipios, realice una donación a un partido político, aspirante, candidato, comités, 90 días antes de una elección general.
Dicha prohibición será extensiva a cualquier oficial directo de alguna persona jurídica que tenga, posea, interés o licite para obtener un contrato gubernamental. De la misma manera, dicha prohibición será extensiva a los 90 días antes y 90 días después de licitar para, o de obtener, o renovar, un contrato con cualquier entidad del gobierno central y/o municipal.
