Por redacción de Sin Comillas

La Universidad de Puerto Rico (UPR) sometió su Plan Fiscal Revisado del 2021, que incluye una asignación del Gobierno Central de $501 millones, no contempla despidos ni cierre de recintos y propone medidas de transformación para el Sistema de Retiro. El documento es el sexto que presenta la universidad ante la Junta de Control Fiscal desde que entró en vigor la ley PROMESA.

La asignación $501 millones surge de la suma de una dotación base de $407 millones, según estipulado en el Plan Fiscal Certificado por la Junta y $94 millones como nueva asignación de fondos de resiliencia fiscal. La Universidad ha propuesto que esa nueva partida, producto de postura de la actual administración de gobierno de no continuar con la imposición de reducciones en la aportación del fondo general, no se designe para cubrir deficiencias o como amparo para no implementar alguna medida fiscal, sino que estos fondos sean destinados a una lista de inversiones e iniciativas estratégicas específicas y restrictas que van dirigidas a atender la mayor parte de los retos identificados y que se desglosan de la siguiente manera:

  • $40 millones como aportación adicional destinada a capitalizar el Sistema de Retiro. Esta cifra se sumaría a la asignación regular proyectada de $120 millones, lo que elevaría la asignación para este propósito a $160 millones anuales y eliminaría la apertura a una reducción de beneficios a pensionados.
  • $10 millones para Ciencias Médicas como mitigación del impacto del Covid (para el año fiscal 2022)
  • $20 millones para el pareo de fondos federales (para el año fiscal 2022).
  • $20 millones para solventar la liquidez de la institución mediante un fondo de reserva para emergencias. Este fondo ha decrecido $170 millones desde 2018 debido a las contribuciones adicionales al Sistema de Retiro, a los pagos del servicio de la deuda y gastos por la pandemia, entre otras necesidades que han debido ser cubiertas con este fondo.
  • $4 millones como asignación inicial para el proceso de revisión del plan de clasificación y retribución de empleados no docentes. El total estimado de esta inversión es de entre $25 a $35 millones anuales. Una partida de $30 millones adicionales se asignaría a partir del 2023, cuando esté listo el plan de clasificación.

“Los esfuerzos de elaboración de este documento se han enfocado en llegar a un plan que sea sustentable, que gestione la resolución de los problemas y déficits operacionales, que atienda las deudas que gravan las finanzas de la Universidad, dé espacio para la reforma del modelo del plan de retiro, permita asignar fondos para inversiones estratégicas en infraestructura, personal y estudiantes al tiempo que se logra garantizar la sostenibilidad del proyecto universitario sin comprometer empleos ni las pensiones. Además, buscamos conciliar todo esto en un marco de cumplimiento con los requisitos de la Junta de Supervisión Fiscal, porque es posible trabajar en un proyecto y conceptualización consensuada que nos lleve prontamente a la sostenibilidad y también a superar esta etapa de estricta supervisión externa. Debemos aspirar a llevar a la Universidad a mejorar su capacidad no solo de gestionarse como un proyecto viable que sea la base de nuestro desarrollo económico sino también a tener el compromiso de autofiscalizarse”, expresó Emilio Colón, presidente de la Junta de Gobierno.

Reforma del Sistema de Retiro

Este Plan Fiscal Revisado también incluye las medidas para reestructurar el Sistema de Retiro, que estaría recibiendo una aportación anual de $160 millones durante la vigencia del Plan Fiscal.

Las medidas dirigidas a atender la apremiante situación del plan de pensiones de la entidad incluyen:

  • la congelación del plan de beneficios definidos para empleados “non- vested” (con menos de 10 años) del Sistema de Retiro efectivo el 31 de diciembre de 2021
  • crear un nuevo plan de contribución definida para empleados “non-vested” y nuevos a partir de enero de 2022
  • la publicación de un requerimiento de propuesta (RFP) para la búsqueda y selección de un proveedor del plan de contribución definida para el 31 de marzo de 2021

Este grupo de medidas dará paso a un proceso de transformación del modelo de plan de retiro, que al día de hoy acumula una deuda total que supera los $4,700 millones. La UPR asegura que con esta reforma del plan quedan protegidas las pensiones y los beneficios acumulados de los empleados “vested” (con 10 años o más). Un 88% de los participantes del sistema no se verán afectados de modo alguno por el conjunto de medidas.

“La situación del Sistema de Retiro compromete la sostenibilidad del proyecto universitario. Este es un asunto que requiere nuestra atención urgente y responsable. Es nuestro deber proteger a la Universidad del riesgo de tener que acogerse a Título III o de llevar sus pensiones a un sistema de Pay Go, que sería insostenible para la institución. Con esta medida, la Universidad sigue asumiendo el riesgo en un 88% pero gestiona prospectivamente una mejoría a través de los años de su perfil de riesgo al tiempo que protege a los pensionados y los “vested” y procura proveerles un plan de contribución definida atractivo para sus nuevos empleados”, añadió Colón.

La congelación del modelo de beneficios definidos para los participantes “non-vested” y la creación de un plan de contribución definida dejan comoquiera a la Universidad con el compromiso y el riesgo de continuar solventando el plan de pensiones de los participantes “vested” y de los pensionados, por lo que tendrá que hacer una aportación anual de $160 millones, lo que supondría la condición para poder pagar la deuda no solventada y, por consiguiente, a largo plazo liquidar la deuda total.

Durante los pasados años, la Universidad ha atravesado por recortes significativos en las aportaciones que recibe de gobierno central que han supuesto un impacto total a esta fecha de $333 millones, lo que representa un 40% en reducción. No obstante, la Junta de Gobierno ha proyectado en el plan fiscal la asignación de la aportación anual para poder cubrir la deuda no solventada a largo plazo y asegurarse de que la entidad a corto, mediano y largo plazo puede cumplir con la obligación. Como parte de este cambio la Universidad establecerá un programa de alfabetización financiera para orientar a sus empleados y la comunidad universitaria en general.

El plan fiscal revisado estará disponible en el portal de la Junta de Gobierno a través de juntadegobierno.upr.edu.