Por redacción de Sin Comillas

El Departamento de Hacienda solicitó al Departamento del Tesoro de Estados Unidos que aclare si la reglamentación propuesta sobre la acreditación de las contribuciones pagadas en el extranjero (“Foreign Tax Credit”), al amparo de las disposiciones del Código de Rentas Internas Federal, altera la acreditación de la Ley 154, lo que afectaría los recaudos.

La eliminación de la acreditación federal al arbitrio que pagan las corporaciones foráneas obligaría a eliminar el impuesto, que genera cerca de $2,000 millones al erario.

En el documento dirigido a la secretaria del Tesoro, Janet Yellen, y al secretario auxiliar de Política Contributiva, Mark J. Mazur, el secretario de Hacienda destaca que la Ley Núm. 154, de 25 de octubre de 2010, es la principal fuente de recaudos contributivos de Puerto Rico, representando más del 20% de los ingresos del Fondo General y el 50% del Producto Interno Bruto.

“A nombre del gobernador Pedro Pierluisi, sometimos unas recomendaciones formales al Departamento del Tesoro Federal, estableciendo primeramente que Puerto Rico no debe incluirse en los cambios que se están trabajando porque somos ciudadanos americanos y un territorio de los Estados Unidos”, expresó el secretario Francisco Parés Alicea.

Parés Alicea propuso que se enmiende el reglamento propuesto para incluir una excepción (“carve-out”), respecto a la atribución de ingresos de un residente de Puerto Rico, de manera que cumplan con ciertos requisitos jurisdiccionales propuestos en dicha reglamentación.

Asimismo, Parés Alicea solicitó que, de afectarse la acreditación de estas contribuciones a nivel federal, le concedan al Gobierno de Puerto Rico un periodo de transición de tres años, ante el impacto sobre la economía que pueda causar la disminución o eliminación del arbitrio a las corporaciones foráneas, contenido en la Ley 154.

“El periodo de transición que estamos solicitando le permitiría al gobierno local modelar un nuevo impuesto que genere ingresos suficientes para sustituir la Ley 154 y que al mismo tiempo evitemos la inestabilidad que un cambio abrupto pueda generar a la economía, el posible éxodo de compañías y un aumento en el desempleo”, agregó.

En los comentarios sometidos ante el Tesoro Federal, el secretario de Hacienda solicitó que el Aviso 2011-29 del IRS (IRS Notice 2011-29), concerniendo la acreditación del arbitrio pagado por las corporaciones foráneas en Puerto Rico bajo la Ley 154, continúe vigente hasta el final del tercer año contributivo que comienza a la fecha de emisión del reglamento final.

“Continuamos optimistas en que el trato para Puerto Rico sea el más adecuado. Mientras tanto, también seguimos las conversaciones con los contribuyentes que pudieran afectarse, para buscar soluciones que atiendan todos los intereses involucrados en esta transición”, destacó.

Desde que entró en vigor la Ley 154, en 2010, Hacienda ha ingresado $17,824 millones. Este impuesto lo pagan alrededor de 20 empresas y la mitad paga el 80% de este arbitrio. Estas empresas pagan otros dos impuestos: contribuciones sobre ingresos y la contribución retenida a no residentes, que está asociada mayormente al impuesto sobre regalías de las empresas manufactureras. Hasta ahora, el gobierno federal da crédito por los tres impuestos.

Crónica de una muerte anunciada

Desde que se creó en el 2010, la Ley 154 ha estado bajo cuestionamiento. Los gobiernos han ido aplazando la decisión de sustituir ese arbitrio, que impone un impuesto especial de 4% a las corporaciones foráneas.

Este gobierno tampoco tiene intenciones de eliminar la Ley 154, porque “el riesgo es muy grande”, advierte el secretario de Hacienda. Y aunque la permanencia o no de la ley genera incertidumbre, “el mejor escenario es no eliminarla”.

La Junta de Control Fiscal pidió sustituir el arbitrio de la Lel 154. Se ha hablado de distribuir lo que se paga de este arbitrio entre los otros impuestos que pagan las corporaciones foráneas: contribuciones sobre ingresos y la contribución retenida a no residentes.

Hacienda apuesta por esperar y ver si Janet Yellen acepta la recomendación de no afectar a Puerto Rico. O si el cambio en reglamentación queda en nada. Según el secretario de Hacienda, la implementación de un reglamento a nivel federal puede tardar tres meses, 10 años o nunca entran en vigor.

Y ahora a esperar que el Tesoro responda.