Por redacción de Sin Comillas
El gobernador Pedro R. Pierluisi firmó una Orden Ejecutiva para declarar una emergencia por violencia de género. Declaró como política pública establecer, mejorar y ejecutar programas de protección, prevención y orientación contra la violencia de género y establecer programas de servicios dirigidos a apoyar a las víctimas.
“Toda violencia es repudiable, y tenemos que combatirla sin tregua. La violencia de género es un mal social, basado en ignorancia y actitudes que no pueden tener espacio ni tolerancia en el Puerto Rico que aspiramos. Por demasiado tiempo víctimas vulnerables han sufrido las consecuencias del machismo sistemático, la inequidad, el discrimen, la falta de educación, la falta de orientación y sobre todo la falta de acción. Es mi deber y mi compromiso como gobernador establecer un PARE a la violencia de género y ante estos fines es que he declarado un estado de emergencia”, sostuvo el gobernador.
La Orden Ejecutiva 2021-13, establece mecanismos puntuales como la designación de un Oficial de Cumplimiento, que responderá al gobernador, para fiscalizar, dar seguimiento y monitorear la implementación de la Orden. Además, crea el Comité de Prevención, Apoyo, Rescate y Educación de la Violencia de Género (Comité PARE) en el que se designan 17 miembros y aumenta a tres la representación de las organizaciones que se dedican a proveer servicios y luchar contra la violencia de género. Este Comité será presidido por la secretaria de la Familia, Carmen González Magaz.
Otra de las disposiciones de la Orden, es que se ordena crear una aplicación de teléfono móvil que ayude a víctimas de violencia de género a solicitar ayuda de emergencia ocultando el mensaje enviado para proteger a la víctima de su agresor. Igualmente, cada agencia en coordinación con la Oficina de Gerencia y Presupuesto (OGP) tendrá que identificar los recursos internos, fondos estatales y federales, externos disponibles para cumplir con las disposiciones de la Orden Ejecutiva, y de ser necesario, solicitar fondos adicionales para manejar la emergencia declarada.
Como esfuerzo para prevenir fatalidades y proveer mayor seguridad a las víctimas, se crea un programa de seguimiento para que toda persona que tenga una orden de protección por violencia de género, sea contactada y/o visitada por un oficial del orden público para verificar su seguridad. Asimismo, se ordena el establecimiento de mecanismos de capacitación para todos los agentes de orden público y personal de agencias de gobierno relevantes a los esfuerzos del Comité PARE, así como la optimización de los procesos para compilar estadísticas confiables sobre la incidencia de la violencia de género. También, se ordena la evaluación para emitir recomendaciones sobre la implantación del Plan ALERTA ROSA y se ordena explorar maneras de mejorar la atención a víctimas vulnerables a través de las divisiones especializadas del Departamento de Justicia.
Tomando en cuenta que en múltiples ocasiones en los casos de violencia de género hay un factor económico que no permite a la víctima tener las herramientas necesarias para empoderarse y separarse de su situación de violencia, la Orden Ejecutiva ordena al Departamento de Desarrollo Económico y Comercio (DDEC) a crear y ampliar programas que viabilicen e incentiven la integración de mujeres a la fuerza laboral. Además, se procura la colaboración de todas las clínicas de asistencia legal de las escuelas de Derecho de Puerto Rico para ayudar a víctimas de violencia de género.
Para concienciar, educar y prevenir la violencia de género se instruye el diseño y diseminación de campañas mediáticas efectivas sobre la violencia de género en alianza con la empresa privada.
Finalmente, se establece que el Comité PARE deberá publicar un primer informe de progreso dentro de 45 días de la primera reunión y cada 30 días por la duración de la orden que será hasta el 30 de junio de 2022, prorrogable por el gobernador a petición del Comité PARE.
