Por redacción de Sin Comillas

El gobernador Pedro. R. Pierluisi firmó seis órdenes ejecutivas a su llegada a La Fortaleza. Una de ellas ordena al Departamento de Salud que diseñe una campaña masiva de pruebas para garantizar las mismas en áreas remotas o de difícil acceso. También ordena al Departamento de Justicia y al Departamento de Seguridad Pública crear un acuerdo de entendimiento con el fiscal federal para el procesamiento de delitos de corrupción y cuello blanco, entre otros.

Del mismo modo, el gobernador Pierluisi firmó la Orden Ejecutiva 2021-003 para decretar medidas de responsabilidad fiscal y control de gastos y la Orden Ejecutiva 2021-004 para prohibir el gasto en fotos oficiales del gobernador y de los jefes de agencias en las instalaciones del gobierno. Mientras que otras dos órdenes ejecutivas son para establecer la estructura de la oficina del gobernador y para designar a Carmen Salgado como administradora de la Oficina del Gobernador.

“Es necesario que el gobierno haga mayores esfuerzos para hacer pruebas e identificar contagios, por lo que se ordena al Departamento de Salud, con el consejo de epidemiólogos, hacer campañas de pruebas masivas y campañas educativas que resulten en la identificación de los casos de contagios”, expresó el gobernador. El diseño de esta campaña debe asegurar que lleguen las pruebas a áreas remotas o de difícil acceso de manera que todos tengan oportunidad de recibir las mismas.

La orden ejecutiva para atacar la corrupción señala que “la corrupción en el servicio público es uno de los principales males sociales que lacera la confianza del pueblo en sus instituciones. Esta administración tiene un compromiso ineludible para fortalecer las instituciones del orden público y que cuenten con herramientas fuertes y adecuadas para erradicar la corrupción, los crímenes de cuello blanco y la criminalidad en general.  Se declara una guerra frontal contra la corrupción y la criminalidad, se ordena al Departamento de Seguridad Pública y al Secretario de Justicia a comenzar de manera inmediata y coordinada conversaciones con el fiscal federal para el distrito de Puerto rico a fin de establecer, enmendar o mejorar cualquier acuerdo de colaboración para el procesamiento de delitos de corrupción o cuello blanco”.

Se pueden ver las órdenes ejecutivas en este enlace.