Por redacción de Sin Comillas
El Instituto del Desarrollo de la Juventud (IDJ) alertó sobre la demora, debido a procesos burocráticos del Gobierno Federal en el desembolso de los $30 millones mensuales del programa de transferencia electrónica de fondos destinados a atender la inseguridad alimentaria de más de 300,000 estudiantes del sistema de educación pública. Los fondos fueron aprobados en Estados Unidos en marzo y en Puerto Rico aún no se han desembolsado. Se estima que el 58.3% de la niñez en el país vive en o bajo niveles de pobreza.
Estos fondos están disponibles tras la extensión a Puerto Rico del programa “Pandemic Electronic Benefits Transfer” (PEBT), adscrito al Servicio Federal de Nutrición (FNS) del Departamento de Agricultura Federal (USDA). El programa fue establecido en marzo para proveer fondos equivalentes a lo invertido en el desayuno y almuerzo en comedores escolares mediante transferencias electrónicas a las familias con niños que estudian en escuelas afectadas por los cierres decretados a causa de la pandemia.
Puerto Rico quedó fuera de la legislación hasta el 30 de septiembre, cuando el Congreso de Estados Unidos aprobó incluir a los territorios en la medida. Sin embargo, luego de casi dos meses de hacerse extensivo el programa a la isla, aún no se ha realizado el desembolso.
“La pandemia del COVID-19 nos ha afectado a todos, pero no a todos por igual. Desde el comienzo de esta crisis sobre 300,000 niños en Puerto Rico tienen acceso a alimentos debido al cierre de los comedores escolares y el empobrecimiento de sus familias. Las disparidades en el tratamiento y manejo de la respuesta del COVID entre grupos étnicos en Estados Unidos han sido documentadas en diversos estudios y documentos oficiales. El caso de la implementación de la medida del PEBT en Puerto Rico pudiera ser uno de los ejemplos más concretos de la marginalización de poblaciones vulnerables. Puerto Rico es la jurisdicción con el por ciento más alto de niños viviendo bajo pobreza y el último en proveerle ayuda a sus estudiantes. Nuestros estudiantes llevan 9 meses esperando por un alivio a su inseguridad alimentaria. ¡Necesitamos acción ahora!”, indicó Eduardo Carrera, principal oficial ejecutivo del Instituto del Desarrollo de la Juventud.
En mayo 2020 IDJ presentó el estudio “Los efectos del COVID-19 en la seguridad económica de la niñez y familias en Puerto Rico: Vulnerabilidades, proyecciones y recomendaciones”. Según los estudios, los efectos inmediatos del COVID-19 en la pobreza serían agudos, pero se podrían reducir si las ayudas llegan a tiempo.
“La emergencia de salud pública por el COVID-19 está nuevamente cobrando fuerza en el país, provocando que muchos padres y madres continúen fuera de la fuerza laboral. Por otro lado, el cierre de escuelas dificultó el acceso a los alimentos de comedores escolares. La asignación de $30 millones mensuales se traducen en una aportación mensual de entre $114 a $133.20 mensuales por niño o niña participante del programa, brindando un alivio a miles de familias que viven en o bajo los niveles de pobreza en el país. Esto, no sólo constituye un alivio económico a las familias, sino que les da una ayuda logística al poder adquirir los alimentos del programa escolar a su conveniencia. Es importante que tanto el Departamento de la Familia, la Administración para el Desarrollo Socioeconómico de la Familia (ADSEF), el Departamento de Educación y el Servicio Federal de Nutrición (FNS) agilicen la aprobación de un plan para implementar el programa de PEBT”, dijo la economista María Enchautegui, directora de Investigación y portavoz del IDJ.
A pesar de haber aprobado la extensión del PEBT para Puerto Rico en el mes de septiembre, Puerto Rico aún no cuenta con las guías de la agencia federal para someter un plan de trabajo para el uso de los fondos. Las guías federales que se hicieron disponibles el 16 de noviembre para los estados y territorios no tienen información sobre los procesos de implementación en territorios que no usan el Programa Suplementario de Asistencia Nutricional (SNAP). Puerto Rico tiene que tomar pasos adicionales a los estados y territorios para someter a USDA un plan mientras los niños y niñas continúan sin recibir esta importante ayuda debido a la burocracia del sistema.
Según dijo la portavoz del IDJ, un estudio del Instituto Brookings reflejó que el PEBT ha sacado al menos 2.7 a 3.9 millones de niños y niñas en familias de bajos recursos fuera de la inseguridad alimentaria en los Estados Unidos. “Los 50 estados, así como las Islas Vírgenes Americanas han tenido acceso a estos fondos desde la primera etapa de la pandemia, pero a nivel local no. En el caso de Puerto Rico, hay una tasa de pobreza infantil de 58%. Para agravar el panorama, Programa de Asistencia Nutricional (PAN) actual no cubre de forma alguna a 63,900 estudiantes que viven en pobreza y al menos 34,000 no tienen transportación para participar en el programa “Grab and Go” de comedores escolares. “Existe urgencia por lograr que se implementen el programa para Puerto Rico. Los fondos está aprobados y disponibles. Sólo falta la acción gubernamental. Nuestra niñez enfrenta una crisis de hambre ante la pandemia del COVID-19 y no podemos esperar más”, explicó Enchautegui.
El Instituto de Desarrollo de la Juventud (IDJ) es una organización sin fines de lucro que trabaja para promover políticas públicas a nivel federal y local para mejorar las vidas de niños y jóvenes en Puerto Rico, y está enfocado en el 58% de los niños de Puerto Rico que viven en la pobreza.
