Por redacción de Sin Comillas
La Junta de Control Fiscal aprobó un reglamento para mejorar las compras en el Gobierno. El Reglamento Uniforme para Compras y Subastas de Bienes, Obras y Servicios No Profesionales de la Administración de Servicios Generales, que centraliza las compras de las entidades gubernamentales, fue propuesto por la Administración de Servicios Generales (ASG) y revisado por la Junta.
El reglamento aprobado establece un procedimiento único, riguroso y definido para todas las adquisiciones, incluidas las compras excepcionales durante emergencias u otras situaciones en las que el Gobierno debe actuar con rapidez. La Junta asegura que promoverá la “competencia en el mercado, la transparencia y la rendición de cuentas, y los controles necesarios en la adquisición de bienes y servicios”.
“Este reglamento es un gran paso hacia adelante para Puerto Rico”, dijo Natalie Jaresko, directora ejecutiva de la Junta. “El reglamento le permitirá a Puerto Rico adquirir bienes y servicios de manera eficiente y eficazmente a los mejores precios posibles. La licitación competitiva de bienes y servicios, la contratación transparente y los controles definidos son el principio rector del buen funcionamiento del proceso de adquisición, y eso es lo que permite este nuevo reglamento”.
“La adquisición de bienes y servicios es como la plomería que se esconde detrás de las paredes de una casa: es esencial para la vida de todos los residentes, pero sobre todo se nota solo cuando deja de funcionar, y cuando no funciona, es peligroso. La plomería defectuosa de Puerto Rico ha causado un daño tremendo. Desde la adquisición de servicios de la red eléctrica de emergencia hasta las compras ineficientes de suministro, la contratación ha sido opaca y problemática, pero el nuevo reglamento establece las reglas, políticas y procedimientos que deberían poner fin a muchas de las deficiencias que resultaron en contratos dudosos”, indicó Jaresko.
Muchas de las deficiencias significativas del proceso de adquisiciones del gobierno salieron a la luz durante la revisión de los contratos de compra de kits de prueba COVID-19 por parte de la Junta de Supervisión a principios de este año, lo que reveló la falta de reglas uniformes para las adquisiciones durante una emergencia declarada por el gobierno.
“El Gobierno de Puerto Rico ahora debe garantizar que el reglamento se implemente y aplique con rigor, al tiempo que establezca un programa de auditoría impecable para asegurar que los controles se implementen por completo y resulten en la transparencia requerida y los ahorros esperados”, añadió la Junta.
