San Isidro, Canóvanas. (Foto: Centro de Periodismo Investigativo)

Por Rafael René Díaz Torres | Centro de Periodismo Investigativo

Carreteras con hoyos durante años, hospitales públicos con maquinaria obsoleta o dañada, escuelas con filtraciones, edificios que se hicieron con fondos públicos y se han convertido en elefantes blancos con pastizal que casi los cubre.

Además del paso del tiempo y la prioridad que se da a la inauguración de nuevas estructuras, por los pasados tres años, la infraestructura de Puerto Rico se ha deteriorado como consecuencia del impacto de fenómenos naturales, incluyendo el huracán María en el 2017 y los terremotos de principios de 2020 en las regiones sur y suroeste del país. Desde entonces, han ocurrido colapsos de puentes, destrucción de viviendas y escuelas, daños a la infraestructura eléctrica y el deterioro de los sistemas que manejan la distribución del agua.

Aunque el Gobierno asigna dinero de su presupuesto dirigido a mejoras a la infraestructura, en los últimos años solo se ha utilizado una cantidad reducida para estos trabajos. Por ejemplo, en el 2019, la Autoridad de Carreteras y Transportación no usó más de $400 millones de fondos presupuestados para mejoras de infraestructura. Esta situación de falta de inversión en mejoras, se repite en otras agencias.

Al menos 63% de los puentes que colapsaron o tuvieron que ser cerrados tras los embates del huracán María, ya se encontraban en un estado de socavación crítica.

En el caso de la infraestructura de la Autoridad de Acueductos y Alcantarillados, se estima que alrededor de 60% del agua en los canales de riego se pierde por la falta de mantenimiento, según se desprende de un informe del Colegio de Ingenieros y Agrimensores de Puerto Rico (CIAPR).

En cuanto a los edificios relacionados a los servicios de salud, casos como el Hospital Universitario Ramón Ruiz Arnau (HURRA) en Bayamón revelan que en medio de la pandemia por COVID-19, este centro, con el cual originalmente se contaba para atender casos de la pandemia, no estuvo listo por la demora en mejoras iniciadas hace años. Asimismo, un estudio realizado en el 2015 por la Universidad de Puerto Rico en Mayagüez encontró que el edificio del Centro de Trauma en Río Piedras tiene 10% de riesgo de caer durante un terremoto. Según el estudio, este riesgo aumenta en la medida que no se realicen los debidos trabajos de mantenimiento a este centro de servicios de salud ubicado en el Centro Médico de Río Piedras, el principal del país.

En el renglón de la educación, 86 planteles escolares en 14 municipios fueron clasificados como no aptos o parcialmente aptos para recibir estudiantes luego de los terremotos que comenzaron a finales del 2019 y continuaron durante el 2020. Una investigación del CPI reveló que de la lista de escuelas identificadas como potenciales refugios para la temporada de huracanes de este año, un 23% no se pueden usar debido al nivel de vulnerabilidad de la estabilidad de su infraestructura. Tal situación levanta bandera sobre la efectividad del mantenimiento que las escuelas reciben de parte de la Autoridad de Edificios Públicos o la Oficina para el Mantenimiento de las Escuelas Públicas.

Según el ingeniero civil, Benjamín Colucci, la ausencia de una política de mantenimiento efectiva incide en que se reduzca el tiempo de vida de infraestructura crítica en los renglones de carreteras, los servicios de agua y la electricidad.

Al hacer referencia a los proyectos de obra permanente que se inauguran para cumplir promesas políticas, Colucci mencionó que generalmente no están acompañados por un plan, ni fondos, necesarios para su mantenimiento y para prolongar la duración de dicha inversión.

Escuela Luis R. Vidal. (Foto: Centro de Periodismo Investigativo)

Otro obstáculo que limita las posibilidades de mantenimiento surge cuando el Gobierno o los municipios no destinan dinero de su presupuesto para estos fines. Si bien el Gobierno federal aprueba dinero para la construcción de obra permanente y la implementación de estrategias de mitigación, la responsabilidad del mantenimiento rutinario de infraestructura les corresponde a los gobiernos de los estados y territorios como Puerto Rico con fondos del gobierno central o municipios, según Colucci.

“Todo lo que es emergencia a corto plazo, [al Gobierno] le toca [hacerlo] con los fondos estatales”, comentó Colucci.

Solo en instancias de emergencia como huracanes y terremotos, y tras una declaración de emergencia por parte del Gobierno de los Estados Unidos, así como en reparaciones dirigidas a extender la vida de infraestructura o mitigar daños futuros, los gobiernos de estados y territorios podrían cualificar para fondos federales relacionados a trabajos de mantenimiento.

¿Qué dicen los candidatos y la candidata?

Los seis candidatos a la gobernación de Puerto Rico fueron contactados para conocer cómo proponen atender el asunto del mantenimiento de la infraestructura pública. ¿Cómo financiarán estos trabajos rutinarios sin depender de fondos federales y con la presencia de una Junta de Control Fiscal (JCF) que certifica los presupuestos y determina las prioridades y las áreas en las cuales se reducirá dinero y servicios?, se les preguntó.

Pedro Pierluisi, por el Partido Nuevo Progresista, indicó que: “Hay fondos federales que son destinados para construcción de obra, y al mismo tiempo hay fondos recurrentes, tanto federales como estatales que sí pueden destinarse para mantenimiento de la infraestructura. Esto es un asunto de gerencia y de eficiencia presupuestaria. Voy a instituir una política de incluir un análisis de costo-efectividad a largo plazo de las inversiones en infraestructura en Puerto Rico (life-cost analysis) para informar mejor las decisiones sobre los materiales y los tipos de construcción a utilizarse. Hay varios indicadores disponibles que se deben incluir como la relación costo-beneficio y el rendimiento de la inversión (RRI). También propongo crear el concepto del RIMS: Reconstrucción de Infraestructura Mejorada y Sostenible para desarrollar, fortalecer y modernizar la infraestructura crítica de Puerto Rico con miras a satisfacer las necesidades actuales y futuras de nuestra gente”.

“Tenemos una cantidad nunca antes vista de fondos, como resultado de los huracanes, terremotos y ahora la pandemia, que deben traducirse en obra, en mejoras a carreteras, escuelas, a nuestro sistema eléctrico, entre otros. Tengo la credibilidad y la capacidad para sentarme ante esa Junta y establecer las posturas claras sobre las buenas inversiones de fondos estatales que sean buenas para Puerto Rico a largo plazo”. El aspirante agregó que: “es importante reseñar que muchas de las obras a ser financiadas por FEMA incluyen mejoras a nuestra infraestructura para lograr mayor sostenibilidad, atemperación a los estándares actuales y mitigación de riesgos durante desastres”.

Juan Dalmau, candidato del Partido Independentista Puertorriqueño, dijo que: “En cuanto a la disponibilidad de recursos para el mantenimiento de la infraestructura el programa de Patria Nueva provee para una reforma fiscal que producirá un aumento en las recaudaciones fiscales al poner a pagar a las empresas exentas bajo la Ley 73-2008. Sobre este particular hay que señalar que el mantenimiento de la infraestructura de la AEE, la AAA y la AC-DTOP está incluido en el presupuesto de estas corporaciones. Las corporaciones públicas no deben generar ganancias como las corporaciones privadas pero sus ingresos deben ser suficientes para cubrir los gastos corrientes que tienen que incluir el mantenimiento. Uno de los problemas de haber dependido de fondos federales para el financiamiento de la infraestructura es que no se medía el impacto de esa inversión en los gastos de mantenimiento que debían ser cubiertos con fondos generados en Puerto Rico. Ese análisis será obligatorio en una administración del PIP para identificar de antemano si esos gastos se pueden absorber en el presupuesto predecible o si requieren cortes en otros gastos o aumentos en contribuciones y si a la luz de esos efectos el financiamiento con fondos federales es beneficioso”.

César Vázquez, candidato del Proyecto Dignidad, propone “la óptima utilización de los fondos federales disponibles para que esa inversión de reconstrucción se traduzca a mejores condiciones de producción y comercio, de forma tal que se promueva el desarrollo económico. La antítesis a este argumento, usada por algunos sectores, plantea que la inversión gubernamental financiada por fondos federales tendrá una duración de plazo intermedio, luego de la cual la economía se ralentizaría”.

Agregó que: el mantenimiento de un puente refuerza su integridad estructural y le extiende su vida útil por un periodo entre siete y diez años. Esto es inversión de capital, construcción de obra… Al mantener una carretera, aunque sea la señalización, es una inversión de capital, de hecho, entre los proyectos a los que se les ha asignado fondos federales uno de ellos es para la señalización. Este tipo de proyecto tiene una amortización aproximada de 10 años. La reparación de roturas en carreteras extiende la vida útil de la vía de rodaje por unos cuatro a cinco años”.

Carlos Delgado Altieri, candidato del Partido Popular Democrático, mencionó por su parte que: “En nuestro programa de gobierno delineamos cuatro iniciativas para mejorar el desarrollo de infraestructura general. La número tres establece: Desarrollar una política similar a la del Cuerpo de Ingenieros del Ejército de los Estados Unidos, donde los proyectos de inversión pública en infraestructura tienen que estar acompañados de un análisis de costo/beneficio para Puerto Rico.

Esta proyección de cuantificar el valor de la infraestructura a desarrollarse o mejorarse deberá incluir como parte del análisis los costos de mantenimiento y operación. Hay veces que la inversión inicial aparenta ser de menor precio, pero a largo plazo no lo es. Por ende, la Infraestructura en su desarrollo se hará basada en costo/beneficio que incluye los análisis de ciclo de vida que considera los costos de operación y mantenimiento. Esto nos permitirá presentarlos en su totalidad al pueblo y a la Junta, que estamos seguros que considerará positivamente al pasar por un crisol similar a los procesos federales de inversión.

En términos de la infraestructura, haremos la inversión pública basadas en su costo/beneficio, incluyendo el análisis de ciclo de vida para que el mantenimiento requerido sea incluido en el desarrollo, operación y mantenimiento de la infraestructura del País.

Eliezer Molina, candidato independiente a la gobernación, al responder esta pregunta en el debate “Infraestructura 2030”, indicó que la Oficina de Evaluación y Cumplimiento que él propone crear, “va a estar pendiente de que todas las agencias trabajen como lo tienen que hacer, pero tenemos que integrar a los departamentos pertinentes y a los colegios pertinentes. En este caso, me parece que el Colegio de Ingenieros es una fuente que nosotros tenemos, que se puede trabajar en conjunto para que den unas tutorías de cómo se debe manejar basado en los códigos de diseño toda la infraestructura que va a remodelarse”.

Alexandra Lúgaro, del Movimiento Victoria Ciudadana, no contestó. Su programa de gobierno no aborda el tema del mantenimiento de la infraestructura de forma directa, pero menciona que “recuperar, rehabilitar, renovar y hacer más eficiente la infraestructura de Puerto Rico es el primer paso de la estrategia de desarrollo económico del MVC”. Además, indica que para atender adecuadamente los problemas urgentes de infraestructura, establecerá un Consejo de Políticas de Infraestructura de la Gobernación en el cual participarán las diversas agencias gubernamentales y corporaciones públicas relacionadas con los asuntos de infraestructura, así como personal del Departamento de Recursos Naturales; las unidades de los recintos de la UPR que tengan competencias en las distintas áreas en estos temas; representantes de organizaciones ambientalistas y ecologistas, de gremios y de sindicatos de sectores de infraestructura, así como otras organizaciones de la sociedad civil que trabajan con estos temas. “Su misión será ayudar a sentar prioridades, asesorar en el diálogo con el grupo de representantes federales responsables por los recursos para la reconstrucción y asegurar la instalación de mecanismos de monitoreo y evaluación de cada proyecto a realizar”, subraya el programa.

Escuela Luis R. Vidal. (Foto: Centro de Periodismo Investigativo)

El Código de Mantenimiento no se ha adoptado en Puerto Rico

Se le preguntó además a cada candidato su postura sobre el hecho de que el Código de Construcción de Puerto Rico aprobado en el 2018 no incluyó aspectos del Código Internacional de Mantenimiento. Este documento internacional es una guía que establece los requisitos mínimos de mantenimiento para edificios, tanto de uso residencial como no-residencial. Provee especificaciones sobre el manejo adecuado de equipo, utilidades y otros elementos presentes en edificios, de manera que se pueda promover la seguridad de los usuarios e inquilinos de dichas instalaciones.

La mayoría de los candidatos presentaron sus perspectivas en torno a si favorecen o no la integración de los estándares internacionales de mantenimiento en el Código de Construcción, el cual será revisado y actualizado en el 2021.

Pierluisi dijo que “como gobernador evaluaré la recomendación del Comité de Códigos que busca incluir el Código de Mantenimiento para adopción en el próximo ciclo (2021). El Comité de Códigos avaló estudiar el código de mantenimiento y atemperarlo a Puerto Rico. Hay que tomar en cuenta que podría haber unos costos de implementación y de modernizar estructuras que podría evaluarse para que sean cubiertos con incentivos mediante fondos federales”.

Dalmau explicó que “el PIP entiende que la reconstrucción o rehabilitación de infraestructura dañada por los huracanes y terremotos debe hacerse con las normas más apropiadas que permita el conocimiento científico. Un panel de científicos reclutados en el sistema universitario público y los que se puedan invitar del sistema educativo privado, determinarían si el Código Internacional de Mantenimiento contiene las normas de construcción apropiadas. Determinado eso se aplicaría mediante orden ejecutiva en lo que se enmiendan los estatutos y reglamentación aplicable pertinentes”

Vázquez manifestó que “en lo que respecta al interés por integrar el ‘Código Internacional de Mantenimiento’ a los reglamentos pertinentes, tal consideración técnica no podría integrarse a nuestra Propuesta de Política Pública. Tomamos su sugerencia y una vez seamos Administración, la canalizaremos para la debida consideración de este asunto técnico por la Junta de Planificación. Ciertamente el fortalecimiento de estructuras para resistir movimientos sísmicos debe ser de mucha importancia para el Gobierno”

Delgado expresó por su parte que “el Código adoptado con enmiendas en Puerto Rico es el International Building Code. Además del código principal, este está compuesto de múltiples códigos que incluyen temas variados en áreas específicas. No se incluyó el Código de Mantenimiento entre estos. Aunque se hubiese adoptado, el mismo NO aplica a la infraestructura. Es un Código dirigido al mantenimiento de edificaciones, sean residenciales o no. No obstante, el Estado Libre Asociado es dueño y opera miles de edificios públicos tales como escuelas, centros de Gobierno, edificios para departamento y agencias. Es importante la adopción de un Código que establezca estos requisitos de mantenimiento, pero sobre todo un gobierno que se comprometa con hacerlos cumplir para que la inversión de Puerto Rico sea duradera y los espacios de atender a los ciudadanos y para trabajar nuestros servidores públicos sean de primera”.

Aunque Delgado planteó que el Código Internacional de Mantenimiento no aplica a infraestructura, tal aseveración no es correcta.

“Las provisiones de este código deben aplicarse a todas las estructuras residenciales y no-residenciales existentes, y todas las instalaciones existentes y constituye los estándares y requisitos mínimos para premisas, edificios, estructuras, equipo e instalaciones para electricidad, ventilación, espacio, calefacción, sanidad, protección de los elementos, un nivel razonable de seguridad ante fuegos y otros peligros, y para un nivel razonable de mantenimiento sanitario”, lee el documento del Código sobre el alcance de su aplicación.

Molina expuso en el debate de Infraestructura 2030 sobre este tema que “no podemos tampoco dormir de lo que en la comunidad internacional está pendiente porque nuestras condiciones son distintas. Tenemos que trabajar con el dinero que tengamos y tenemos que darle paso a los colegios para que nos den tutorías y reclutar el personal que esté capacitado. Así que la Oficina de Evaluación y Cumplimiento [que crearía su administración] estará muy pendiente de todo esto”.

  • Rafael R. Díaz Torres es integrante de Report for America