Por redacción de Sin Comillas
El fraude en las empresas representa $2,381.7 millones para la economía, el 3.5% de los ingresos, según un estudio realizado por el Colegio de Contadores Públicos Autorizados (CCPA). “El fraude es un problema que afecta tanto a las pequeñas como a las medianas y grandes empresas. El estudio realizado por el Colegio provee un retrato o fotografía de esta actividad delictiva en la isla. Los esquemas de fraudes ocupacionales pueden ser tan simples como la apropiación de libretas, tintas de impresoras y otros suministros de oficina, hasta complejos esquemas para mejorar resultados operacionales, o esconder obligaciones en los estados financieros y otros”, indicó Eduardo González Green, presidente del Comité Retrato del Fraude 2020 del CCPA.
“El término fraude ocupacional puede definirse como aquellos actos cometidos por empleados con el objetivo de obtener beneficios económicos por medio de la utilización indebida o la apropiación ilegal de los recursos organizacionales y la manipulación de los estados financieros. Este estudio tiene el propósito fundamental de recopilar información sobre la incidencia de fraude ocupacional en el gobierno y en la empresa privada, el costo relacionado a los actos fraudulentos y las medidas que podrían prevenir estos lamentables incidentes”, explicó David E. González Montalvo, presidente del CCPA.
La práctica fraudulenta más común es la apropiación de efectivo, la creación de documentos físicos fraudulentos y la alteración de documentos. El estudio también reveló que la detección del fraude se conoce por confidencias en un 62% y por las auditorías internas en un 33%. Sólo un 65% de las compañías encuestadas poseen un sistema formal para recibir querellas.
El estudio presenta varias recomendaciones para combatir la corrupción gubernamental entre ellas: aumentar los recursos para los entes fiscalizadores, promover un gobierno abierto y digital y promover la participación, monitoreo y fiscalización social en la gestión pública.
“El gobierno debe unirse a la Alianza de Gobierno Abierto e implementar sus principios, asignando un comité de transparencia liderado por una entidad independiente y en colaboración con la sociedad civil, para desarrollar una política de gobierno abierto, definiendo todos los mecanismos y requerimientos de participación e inclusión social”, comentó Issel Masses, directora ejecutiva de Sembrando Sentido. La Alianza de Gobierno Abierto es una organización internacional que desde el 2011 apoya y promueve gobiernos transparentes, que rindan cuentas y colaboren con la sociedad civil en el diseño, el desarrollo y la ejecución de la gestión pública. La misma cuenta con más de 78 miembros nacionales y múltiples miembros subnacionales comprometidos con el desarrollo de gobiernos abiertos, inclusivos, íntegros y eficientes.
