Omar Marrero. (Foto: Gabriel López Albarrán para CPI)
Por redacción de Sin Comillas
El director ejecutivo de la Autoridad de Asesoría Financiera y Agencia Fiscal (AAFAF) y representante de la Gobernadora ante la Junta de Control Fiscal, Omar J. Marrero Díaz informó que el Gobierno presentó seis demandas contra la Junta tras impugnar seis leyes previamente aprobadas por el gobierno.
“Hoy, el Gobierno de Puerto Rico se vio forzado a presentar seis demandas individuales contra la Junta. Desde aproximadamente noviembre de 2019, la Junta ha impugnado seis leyes debidamente aprobadas por el Gobierno. Las razones que ha dado la Junta para impugnar e intentar invalidar unilateralmente estas seis leyes son variadas, pero todas representan una intromisión con la política pública del Gobierno y por lo tanto, una violación a la ley PROMESA”, expresó Marrero Díaz.
El jefe de la AAFAF reiteró que bajo la ley PROMESA, la Junta solo puede cuestionar nuevas leyes aprobadas por el Gobierno si no se certifica su impacto en gastos e ingresos o su implementación es inconsistente con el plan fiscal certificado.
Para las seis leyes impugnadas el Gobierno certificó que las leyes no son significativamente inconsistentes con el plan fiscal.
Estas son las leyes impugnadas:
Leyes 82-2019, 90-2019 y 138-2019: estas leyes regulan aspectos de precios de medicamentos, regulación de farmacias y el ejercicio de la medicina, a través de enmiendas a secciones del Código de Seguros, nuevos requisitos y oficinas regulatorios. La Junta argumenta que son inconsistentes con el plan fiscal certificado porque podrían existir leyes federales que ocupan el campo y especulan que fondos federales podrían perderse. El Gobierno opina que “nada en PROMESA permite a la Junta especular sobre si una ley estatal conflige con otras leyes federales. Por lo tanto, esta no es una razón válida bajo PROMESA para impugnar leyes aprobadas por el gobierno electo”.
Ley 176-2019: revierte la tasa de acumulación de licencias de vacaciones y enfermedad de los empleados públicos a la tasa de acumulación existente previo a la Ley 26-2017. Además, se mantienen los máximos de acumulación. La Junta impugnó esta ley argumentado que es inconsistente con el plan fiscal certificado porque el gobierno no proveyó un “análisis de productividad” de los empleados públicos para determinar si la nueva tasa de acumulación de licencias afectará los servicios y los recaudos. A juicio del Gobierno “esta no es una razón válida bajo PROMESA para impugnar leyes”.
Ley 181-2019: provee para un aumento de salario para empleados del Negociado de Bomberos y provee una fuente de ingresos para sufragar ese aumento. La Junta impugnó esta ley argumentando que el estimado de gastos e ingresos provisto por el gobierno es “especulativo” por estar basado en supuestos. El Gobierno explica que “por definición, todo estimado está basado en supuestos, y un estimado de gastos e ingresos es lo único que exige PROMESA al momento de certificar una ley. Por lo tanto, la razón aducida tampoco es un argumento válido bajo PROMESA para impugnar leyes”.
Ley 47-2020: provee incentivos y créditos contributivos para profesionales de la salud, en aras de promover que estos profesionales se queden en Puerto Rico, particularmente durante estos tiempos de crisis ocasionado por el COVID-19. La Junta impugnó esta ley ya que difiere de las razones de política pública que la Asamblea Legislativa y la gobernadora tuvieron para aprobarla. Además, cuestionó los estimados de ingresos y gastos que certificó el gobierno. Para el Gobierno “estas no son razones válidas bajo PROMESA para impugnar leyes, particularmente en cuanto al cuestionamiento de la JSF sobre la política pública que tuvo el gobierno para aprobar la Ley”.
“El Gobierno cumplió cabalmente con el proceso que establece la sección 204 de PROMESA para certificar a la JSF el cumplimiento de estas leyes con el plan fiscal certificado. Sin embargo, la JSF ha decidido actuar fuera del marco legal que provee PROMESA, y ha impugnado estas leyes, declarándolas nulas unilateralmente. Ello ha ocasionado incertidumbre en el ordenamiento legal vigente. Ante ese escenario, el gobierno no tuvo otra alternativa que llegar hasta los tribunales. Ciertamente, nuestra administración hubiera preferido no tener que recurrir a esta vía, pero es importante que se clarifique hasta dónde llegan los poderes de la JSF y hasta dónde llegan los del gobierno”, señaló Marrero.
Destacó que el Congreso de Estados Unidos fue claro en que, bajo PROMESA, el gobierno Puerto Rico mantiene sus poderes para establecer la política pública.
“La obstinación de la Junta con inmiscuirse en asunto de política pública nos ha traído hasta aquí. El proceso de reestructuración de la deuda de Puerto Rico no podrá continuar hacia delante de manera eficiente mientras la JSF continúe creando estas incertidumbres legales. Pese a este recurso legal, el Gobierno de Wanda Vázquez Garced continuará trabajando mano a mano con la JSF en beneficio del Pueblo de Puerto Rico, pero ciertamente no siempre alcanzaremos el conceso”, sentenció el director ejecutivo de la AAFAF.
“Confiamos en que el Tribunal federal de Distrito de Puerto Rico ponga fin a esta controversia y clarifique hasta dónde se extienden los poderes de la Junta”, añadió.
