Suspenden durante un año la puesta en vigor de las medidas de austeridad
Por Luisa García Pelatti
La Junta de Control Fiscal ha revisado sus proyecciones de crecimiento económico para los próximos cinco años para incluir los efectos de la paralización de la actividad económica provocadas por las medidas para evitar la propagación del coronavirus, según se desprende del Plan Fiscal que presentó hoy (martes), y que se espera apruebe mañana (miércoles). La Junta contempla que el proceso de recuperación será muy lento y gradual.
Las proyecciones económicas difieren de las presentada por el Gobierno el 5 de mayo. La mayor diferencia está en las proyecciones para el año fiscal 2021. Mientras el Gobierno prevé una contracción de 7.8%, la mayor registrada, la Junta es más optimista y confía que los estímulos económicos del gobierno federal para hacer frente la Covid-19, los terremotos y los huracanes permitirán un crecimiento de 0.5%.
Para el actual año fiscal, la Junta estima que la economía disminuirá 4.0%, comparado con una caída de 3.8% prevista en el Plan Fiscal presentado por el Gobierno.
Sin embargo, para los siguientes cuatro años, las proyecciones de la Junta son más pesimistas que las del Gobierno. En el año fiscal 2022, la Junta prevé una caída de 1.5% frente a un alza de la misma magnitud por parte de las proyecciones del Gobierno.
Por otro lado, el Plan de la Junta contempla atrasar durante un año la puesta en vigor de las medidas de austeridad para que el Gobierno pueda enfocarse en las reformas estructurales. “Dada la necesidad de enfocar todos los esfuerzos en la recuperación, ante la falta de progreso en la transformación de Puerto Rico, el Plan Fiscal 2020 provee una pausa de un año en gran parte de las categorías de reestructuración gubernamental para que el Gobierno pueda dedicar sus esfuerzos en implementar reformas estructurales y medidas eficientes requeridas para una verdadera transformación. Esta pausa incluye mantener los subsidios a la Universidad de Puerto Rico y a los municipios en los mismos niveles del año fiscal actual”, señala la Junta en un comunicado.
La Junta advierte que “aún cuando se implementen todas las reformas delineadas en el plan fiscal, Puerto Rico no habrá terminado de cumplir con su deber. El plan fiscal presenta las reformas mínimas requeridas. Pronto, el Gobierno tendrá que tomar medidas adicionales más allá del marco de cinco años que presenta el Plan Fiscal 2020 con el fin de cuadrar el presupuesto. Muchas de estas reformas aumentarían los ingresos y, por lo tanto, harían que los fondos estuvieran disponibles para una variedad de posibles usos, sobre todo para invertir en el pueblo de Puerto Rico”.
El Plan Fiscal 2020 proyecta un déficit del Gobierno Central a partir de 2032 –seis años antes de lo proyectado en el Plan Fiscal certificado anterior—, y un excedente primario total de aproximadamente $8,000 millones entre los años fiscales 2020 y 2032, en comparación con un excedente de $23,000 millones dispuesto en el Plan Fiscal certificado anterior, lo que representa una reducción de 65%.
Sobre la deuda, Natalie Jaresko, directora ejecutiva de la Junta, dijo en una videoconferencia con medios de comunicación, que no se va a discutir el servicio de la deuda todavía porque quiere enfocarse en las proyecciones en el presupuesto. Sin embargo, The Wall Street Journal, que cita fuentes, publica que la Junta podría renegociar el acuerdo de reestructuración de la deuda de $35,000 millones porque habría llegado a la conclusión de que no cuenta con los fondos para cubrir los pagos a los acreedores.
Algunos analistas han propuesto que se debe utilizar el dinero del pago del servicio de la deuda para estimular la economía. Por su parte, el Gobierno considera que el Plan de Ajuste de la Deuda no es viable a raíz del impacto económico de las medidas que hacer frente al COVID-19 y solicitaron a la Junta que debe ser “revaluado y revisado”. El Gobierno reconoce que se necesitará un mayor recorte de la deuda, lo que podría prolongar el proceso de quiebra, que ya lleva tres años.
Prioridades del año fiscal 2020
El Plan Fiscal establece cuáles deben ser las prioridades del Gobierno:
- Departamento de Educación: implementar un plan de regreso a clases; una política de informes de horario y asistencia para todos los empleados; un registro diario de asistencia estudiantil; administrar eficazmente la proporción maestro-estudiante al observar sus propias políticas de contratación de personal y generar ahorros mediante mejores contratos y una mayor transparencia en la contabilidad;
- Departamento de Salud: enfocarse en brindar los servicios de salud esenciales, al ahorrar dinero a través de las compras centralizadas de suministros en todas las agencias y hospitales públicos; desarrollar un plan de acción para Telemedicina; consolidar las oficinas regionales de Medicaid; mejorar la administración de hospitales y consolidar la Administración de Seguros de Salud (ASES) con el departamento;
- Departamento de Seguridad Pública: movilizar más agentes de puestos administrativos a puestos de campo para que presten mejores servicios a los ciudadanos y reducir las horas extra de trabajo, a la vez que se administra mejor el tiempo, así como consolidar las funciones administrativas;
- Departamento de Corrección y Rehabilitación: generar ahorros mediante un proceso mejorado de contratos, analizar la utilización de instalaciones, dada la reducción en la población penal y generar ahorros mediante el mejorado proceso de compras;
- Departamento de Desarrollo Económico y Comercio: terminar de consolidar la Compañía de Turismo y la Junta de Planificación con el DDEC, renegociar los contratos y publicar los informes trimestrales de incentivos económicos.
Inversiones del Plan Fiscal 2020
El Plan Fiscal 2020 sugiere inversiones de cerca de $6,000 millones entre los años fiscales 2020 y 2025:
- Las inversiones en cuidados de la salud incluyen: gastos de capital para los hospitales públicos, contratación de enfermeras para las escuelas públicas y establecer un fondo de becas para motivar a los médicos graduandos a que presten servicios en áreas rurales. Asimismo, incluye tratamiento de opioides y de hepatitis, así como proveedores de servicios ambulatorios especializados y hospitales;
- Las inversiones en la educación pública incluyen: mejorar la enseñanza del idioma inglés; incentivar a las escuelas a lograr mejores resultados educativos mediante la publicación de las tarjetas de notas de desempeño escolar de cada escuela con el fin de registrar la asistencia de estudiantes y maestros, los índices de graduación; así como pagar cantidades adeudadas en aumentos salariales anteriores a maestros transitorios;
- Las inversiones en la seguridad pública incluyen: el tercer año del pago retroactivo a los policías; la segunda mitad del aumento salarial de 30%; fondos para el reclutamiento y adiestramiento de cadetes; contratación del personal de servicios de manejo de emergencias y equipo para los bomberos;
- Las inversiones en tecnología son para mejorar el acceso a internet de banda ancha en áreas rurales y para el adiestramiento en las áreas de negocios y tecnología para brindar mejores oportunidades a la fuerza laboral;
- Inversiones para realizar un estudio comisionado por la Junta de Supervisión para que el sector privado y el Gobierno definan un plan abarcador y ejecutable, y así reactivar el sector de la manufactura en la isla;
- Inversiones para agilizar los esfuerzos de reconstrucción tras los huracanes, al asignar $750 millones en capital operacional y facilitar así los esfuerzos de reconstrucción aprobados por FEMA.
