Por redacción de Sin Comillas
La Unión Americana de Libertades Civiles (ACLU, por sus siglas en inglés) presentó una demanda contra dos leyes que prohiben publicar información que el gobierno considere falsa. Los violadores podrían enfrentarse a hasta tres años de cárcel y a una multa de hasta $5,000.
La ACLU argumenta que las leyes violan la Primera Enmienda y la Cuarta Enmienda “por su terminología imprecisa y alcance tan amplio”.
Los periodistas no disponen de reglas claras sobre lo que puede o no constituir un delito y corren el riesgo de ser acusados si el gobierno considera que la información publicada no es correcta.
La demanda fue radicada en el Tribunal de Distrito de Estados Unidos para el Distrito de Puerto Rico a nombres de dos periodistas, Sandra Rodríguez Cotto y Rafelli González Cotto, que temen que esas leyes se utilicen para penalizarlos por sus reportajes sobre la crisis del COVID-19, especialmente si la información está en contra del gobierno.
Los demandantes señalan que las leyes violan sus derechos constitucionales a la libertad de expresión, la libertad de prensa y el debido proceso de ley. Los demandantes busca que el tribunal impida la aplicación de la leyes.
“El gobierno de Puerto Rico aprobó estas leyes, de forma rápida y sin debate público, en respuesta a varios eventos significativos en los que la prensa cuestionó las decisiones de la administración en temas de gran interés”, señala Sandra Rodríguez Cotto. “Es durante tiempos de crisis, como la pandemia a la que ahora nos enfrentamos, cuando la gente necesita recibir más información sobre cómo su gobierno está operando. La prensa debe ser libre para hacer su trabajo, sin miedo a las represalias del gobierno. Estas leyes colocan una barrera importante a la información de interés público y al debate que debe ser permitido”, agregó.
Las leyes, que se aprobaron en 2017 y abril de 2020, aplican a noticias sobre las condiciones de emergencia y la respuesta del gobierno. No es necesario que el gobierno demuestre que el periodista sabía que la información era falsa.
“Una sociedad libre y democrática depende de una prensa libre, especialmente durante tiempos de emergencia”, señaló Brian Hauss, abogado del proyecto de expresión, privacidad y tecnología de ACLU.
