Por Roberto Orro*
La evolución y manejo en Puerto Rico de la pandemia de coronavirus comienza a evocar los duros días de desconcierto y confusión que se vivieron hace tres años luego del azote del huracán María. Nuevamente se ponen de manifiesto la terrible falta de coordinación entre las distintas instancias gubernamentales y la ausencia de un sistema centralizado, de un comando único que dirija la ofensiva, esta vez en la lucha contra el virus.
Como ocurrió con posterioridad al paso de María, las acciones entre el gobierno central y los municipios marchan juntas por el carril del desencuentro. Otra vez, tenemos el cuadro de una pequeña Isla que actúa como un enorme país federalizado. A este paso, en dos semanas más, en lugar de 78 municipios tendremos de facto 78 estados.
En honor a la verdad, no se puede culpar a los alcaldes por ser más proactivos en medio de esta crisis. Son los poderes centrales, ejecutivo y legislativo, los que tienen que trazar las guías y crear el marco apropiado para la coordinación gubernamental a nivel Isla. Ante la falta de recursos, la ausencia de información, ante la pobreza de las estadísticas que genera el Departamento de Salud, es imposible pedirles a los gobiernos municipales que permanezcan como simples observadores.
A pesar de haber acertado en la oportuna imposición de la cuarentena, quizás la más rápida y estricta en los Estados Unidos, el gobierno estatal ha sido sumamente lento y errático en lo que atañe al rastreo y aislamiento de los casos. A diferencia de otros países, con muchos menos recursos que Puerto Rico (como Cuba, por ejemplo) el gobierno no ha podido estructurar un mecanismo de búsqueda agresiva de casos positivos, condición sine qua non para atajar al virus en su origen y evitar su propagación.
El desorden y la falta de información que emanan de la dirección estatal impiden que los gobiernos municipales sean más efectivos y hagan valer sus ventajas. Los alcaldes son los que mejor conocen su territorio y su gente. Serían mucho más eficaces rastreando potenciales infectados que cerrando el acceso a sus municipios. Los alcaldes tienen la capacidad para movilizar parte del personal que se necesita para el rastreo y pueden ser los “ojos” del gobierno central en el trabajo de campo. Asimismo, pueden ayudar enormemente en la reubicación temporal de las personas infectadas en facilidades seleccionadas, como una acción concertada de aislamiento efectivo y prevención de propagación de la enfermedad.
De igual forma, urge que el Departamento de Salud y el gobierno estatal en general implementen un sistema de información integrado, en colaboración con los gobiernos municipales y con todas las instituciones de salud. A estas horas, los alcaldes no saben cuántos de sus residentes han dado positivo, ni el Departamento de Salud tiene control sobre los resultados de las pruebas que realizan los gobiernos municipales. Mientras ese desorden subsista, los gobiernos, estatal y municipal, seguirán actuando a ciegas.
Al igual que durante los aciagos días de María, el tema de la crisis inunda los medios de difusión locales. Sin embargo, como entonces, cada día se sabe menos sobre la situación real y las cifras claves relacionadas con el coronavirus en Puerto Rico. ¿Cuántos pacientes están hospitalizados y por cuánto tiempo han estado con el virus? ¿Cuántos están con ventilador y/o en cuidado intensivo? ¿Cuántos se han recuperado? ¿Cuántos casos hay activos? Preguntas sin respuestas luego de tres semanas de cuarentena, en las que sí hemos aprendido mucho sobre la vida de Mabel Cabeza. Cabe recordar que, con el paso del tiempo, la variable más importante no es el número acumulado de personas contagiadas, sino el de casos activos, que es el que determina en realidad la necesidad de recursos médicos en un momento en el tiempo.
A pesar de todos estos problemas, la situación de Puerto Rico con el coronavirus es muy favorable cuando se compara con otros países y con jurisdicciones en los Estados Unidos. Sería muy lamentable que los desaciertos en el manejo de la crisis tiren por la borda el valiosísimo tiempo ganado. También es importante que el gobierno entienda que el encierro domiciliario de tres millones de personas no puede ser la solución permanente a sus fallas y limitaciones. La paralización económica conlleva un alto costo económico y social que no se puede sostener indefinidamente.
- El autor es economista y socio de Grupo Estratega.
