Por Luisa García Pelatti
Miramar Realty Management, una de las empresas del desarrollador del proyecto Ciudadela, en Santurce, se acogió al Capítulo 11 de la Ley de Quiebras, según la publicación Boletín de Puerto Rico. Miramar Realty Management es propiedad Carlos López de Azúa.
La deuda asciende a $1.2 millones. El principal deudor es Guardsmark, un agencia de seguridad, con una deuda de $650,000.
La quiebra no afecta a las otras empresas de López de Azúa. Entre los desarrolladores es habitual crear varias empresas y sociedades especiales con el objetivo de proteger sus bienes personales y los de otras empresas ante posibles dificultades.
La quiebra de Miramar Realty Management es un ejemplo de las dificultades de los desarrolladores ante la crisis en el sector de construcción de vivienda.
Ciudadela, un proyecto residencial-comercial localizado en Santurce, ha estado envuelto en la polémica desde el principio. El proyecto se abrió a licitación entre el 2003 y el 2004, cuando el Gobierno ofreció vender 22 cuerdas al desarrollador con la mejor propuesta. Las empresas estadounidenses Goldenberg y Parkway, se asociaron inicialmente con la compañía puertorriqueña Miramar Real Estate Management para participar. Esas compañías figuraron en las peticiones de información del Gran Jurado que investigó los donativos de campaña del ex-gobernador Aníbal Acevedo Vilá. Finalmente, Miramar Real Estate Management licitó sola al retirarse las otras dos empresas.
