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Por Luisa García Pelatti

En el año 2015 se vendieron 2,345 viviendas nuevas. La cifra, que se sitúa en niveles muy bajos cuando la comparamos con las más de 10,000 viviendas nuevas que se vendían antes del 2008, supone un aumento de 6.4% respecto al 2014, y el primero incremento desde 2011.

Las cifras provienen de la firma Estudios Técnicos, Inc. que realiza un inventario trimestral de las viviendas nuevas a la venta, “Construction & Sales Activity Report”. El nivel de inventario de viviendas construidas sigue reduciéndose. De unas 12,000 unidades que había en medio de la crisis, durante el 2015 los inventarios se redujeron en 70%, hasta 3,627 unidades construidas y listas para entrega para finales del 2015. Más del 75% de este inventario es de precios inferiores a los $200,000

“Las perspectivas para el sector no son muy alentadoras, fundamentalmente por el contexto económico y demográfico y los retos que este contexto supone. La migración, la cual ha superado una salida neta de 65,000 personas anuales, la devaluación de los valores en los bienes raíces y el desbalance entre el valor de la vivienda y la deuda hipotecaria, las altas tasas de morosidad hipotecaria y de ejecuciones, le imponen al sector retos sin precedentes”, explica Graham Castillo, presidente de la compañía de consultoría en el más reciente número de su revista Perspectivas.

Pero en medio de las dificultades, Castillo destaca que hay oportunidades en la industria. “Los datos del Censo de Población continúan reflejando la alta necesidad de vivienda en Puerto Rico para personas de ingresos bajos y medios, para personas de mayor edad y para profesionales jóvenes. También, los cambios demográficos están modificando lentamente las preferencias del consumidor hacia vivienda urbana de diverso tipo y orientada a diversos mercados, sea para compra o para alquiler”.

Algunas de esas oportunidades se encuentran en el segmento de interés social y en proyectos de precios altos. El 69% de las 2,345 viviendas vendidas en el 2015 tenían precios inferiores a los $200,000 y el mercado de interés social de menos de $125,000 representó 28.5% de las ventas totales.

“Se identificaron 35 proyectos que reflejaron un buen desempeño de ventas en todos los niveles de precio. El 45% de estos fue de precios por debajo de $149,999”. Castillo explica que en este segmento de vivienda asequible, son esenciales los programas de financiamiento FHA, rural y las aportaciones de los programas de vivienda del Estado. “Los proyectos que están teniendo éxito son de excelente calidad y se están vendiendo a precios muy competitivos. Entre los proyectos de precio alto que pueden clasificarse como de lujo, la Ley 22 está teniendo un impacto favorable.

El ejecutivo defendió las aportaciones del Gobierno para programas de vivienda de interés social en tiempos de crisis. “Estudios Técnicos, Inc. ha demostrado una y otra vez que estos programas, además de cumplir con una función social, proveen un mecanismo de promoción de la actividad económica altamente efectivo desde una perspectiva fiscal. Por ejemplo, en una transacción de una vivienda de interés social de $110,000, la aportación promedio estatal es de poco más de $3,000, es decir, menos de un 3%. Con ello promueve una actividad económica valorada en más de $100,000, que impacta directamente a la industria de la construcción, sector que ha perdido sobre 40,000 empleos desde el 2006”.

Según Castillo, la política pública debe enfocarse en atender las necesidades de vivienda de personas de ingresos insuficientes para adquirir o arrendar una vivienda digna y segura en el mercado de Puerto Rico. “Aparte de los subsidios a la vivienda, es necesario continuar una agenda legislativa y reglamentaria que atienda los múltiples impedimentos que todavía existen en Puerto Rico que limitan la evolución eficiente del sector. También se debe continuar desarrollando e implementando estrategias compresivas que fomenten mayor actividad del sector. La Ley 22 ha sido un ejemplo de esto, pero hay otras estrategias que se pueden encaminar. Una medida que es necesaria es agilizar el proceso de declarar un estorbo público y de hacer disponibles estas propiedades para el desarrollo de vivienda de interés social”.