Por redacción de Sin Comillas
“Nos encontramos en este momento en lo que he llamado como desfase institucional, donde la legislación de Estados Unidos adopta para satisfacer una necesidad de ese país, pero que al aplicarse a Puerto Rico, no es necesariamente compatible con nuestra realidad, lo cual resulta en impactos inesperados y no necesariamente beneficiosos”, comentó José J. Villamil, presidente de la junta de directores de Estudios Técnicos, Inc., quien compareció a las vistas públicas que lleva la Comisión de Derechos Civiles, Participación Ciudadana y Economía Social del Senado, que analiza el informe del ‘General Accounting Office’ (GAO) sobre la Ley de Cabotaje y su implicaciones en la economía de Puerto Rico.
Villamil criticó el informe del GAO sobre el tema. “Se limitó esencialmente a entrevistas a personas de diversos sectores y no se hizo una investigación adicional más allá de hacer referencia a fuentes secundarias. Este informe sufre de un nivel muy alto de ambigüedad y contribuye poco a esclarecer las interrogantes sobre el tema”.
Explicó que el Acta Jones no es el único documento que contiene disposiciones relacionadas al cabotaje. “Muchos países tienen leyes similares para el mismo propósito. De hecho, en nuestro caso, los costos de la Ley de Cabotaje varían por el tipo de producto y si son importaciones o exportaciones”.
Villamil recordó que “las cuatro compañías que le sirven a Puerto Rico fueron objeto de una demanda por parte del gobierno federal por sus acciones dirigidas a restringir la competencia”. Además, reveló que el 62% del costo de transportar un furgón de Estados Unidos a Puerto Rico corresponden a los llamados ‘non-vessel costs’, o costos incurridos en los muelles.
“¿Qué impactos tendría eliminar la Ley de Cabotaje?”, se cuestionó Villamil retóricamente, asegurando que es difícil precisar una contestación concreta, por varias razones. “El mercado de carga marítima internacional no es competitiva, como se ha demostrado recientemente en una acción de la Comisión Europea contra 14 líneas de carga marítima, que fueron acusadas por las mismas razones por las cuales el gobierno federal demandó a las líneas que sirven a Puerto Rico. Además, el mercado de carga marítima es volátil y tiene ciclos de exceso de capacidad y falta de ella, lo que incide en los costos”, explicó el economista.
“Las decisiones de política pública deben tomarse luego de un análisis cuidadoso de la evidencia empírica y no únicamente sobre percepciones u opiniones”, expresó Villamil. “Puerto Rico necesita que el proceso de formular política pública se adhiera a lo que se conoce en inglés como ‘evidence based decision-making’ (decisiones basadas en evidencia). En este mundo, la intuición no es una guía confinable para la toma de decisiones”.
