Por Elías R. Gutiérrez*
Hoy el gobernador acudirá a la TV del Estado para explicar cuál es la situación que le obliga a no cumplir con las obligaciones financieras que vencen hoy. Expondrá seguramente el argumento falaz “razón de estado” y de insuficiencia de recursos para que el gobierno continúe ofreciendo servicios “esenciales”. Hasta el día de hoy, el gobierno no ha especificado cuáles son esos servicios “esenciales”. Se ha descansado en la generalidad a la cual nadie puede objetar. Al parecer, los servicios “esenciales” son todo lo que hace el gobierno, incluyendo las fiestas patronales.
De lo que se trata es, en realidad, de pagar la nómina. El gobierno de Puerto Rico vive para sí mismo y justifica la destrucción de recursos que requieren su existencia en función del supuesto “estímulo” que inyecta a la demanda agregada de la economía con el gasto público. Gasto que sostiene en exceso de sus recursos por vía de financiación deficitaria y más recientemente, por vía de cuentas por pagar vencidas. Esta última estratagema constituye una financiación forzada sobre los suplidores y contratistas. Paradójicamente, son estos últimos los que mantienen los servicios esenciales que provee supuestamente el gobierno.
Hoy el gobernador debiera explicar el origen y los resultados de la estrategia que le llevó a negociar con los tenedores de bonos, luego de insultarlos y pintarlos como los villanos en una conspiración malsana en contra de Puerto Rico. El camino ha sido, aparentemente, “negociar” a última hora, con las muelas de atrás, con un número reducido de tenedores de bonos. En realidad, no ha habido negociaciones. Más bien, los representantes del gobierno han expresado condiciones inaceptables con el fin de poder decir que hay procesos de negociación en curso. Mientras tanto, informes de prensa especializada circulan desde la semana pasada en el sentido de que la Tesorería Federal ejercía presión sobre el gobierno de Puerto Rico para que mantuviera una posición intransigente y que procediera con un impago total. El objetivo de esa estrategia es provocar una verdadera crisis que fuerce al Congreso a otorgar lo que busca el brazo político de la Casa Blanca. Lo que busca Casa Blanca es una victoria política sobre los republicanos. Puerto Rico es sólo el balón en este juego.
Dicho sea de paso, el precedente que sentaría el Congreso, de otorgar lo que pide Puerto Rico y la Tesorería, tiene implicaciones políticas de importancia para el Presidente. El Presidente viene de Chicago. Su amigo y ex “Chief Of Staff”, Rahm Israel Emanuel, es el alcalde de la ciudad. El distrito escolar público de Chicago, aplastado por una deuda enorme, producto de la irresponsabilidad, se encuentra en bancarrota, y sin poder acogerse al Capítulo 9 de la ley de quiebras federal. El estado de Illinois está en problemas fiscales y financieros similares a los del ELA. No es casualidad que el Representante Luis Gutiérrez, Demócrata por Illinois, considere que el asunto de la bancarrota del gobierno de Puerto Rico esté en igual prioridad que el interés de sus constituyentes en la ciudad de los vientos.
Volviendo a la estrategia de la Tesorería, veo ciertas grietas en la muralla. El Presidente del Senado, Eduardo Bahtia, se opuso, en pro de la consistencia, a las enmiendas que hubiesen distinguido las obligaciones generales en la recién aprobada ley de Moratoria. Es decir, no era consistente pedir reestructuración total de la deuda en el Congreso, mientras se hacía una excepción en Puerto Rico. Poco importó al Presidente del Senado que la excepción viniera de forma específica de la constitución del ELA. Lo exigía la Tesorería, v.gr., Casa Blanca.
Ayer se informó que se ha hecho una excepción con los bonos en manos de las cooperativas de Puerto Rico. Pesó más el cálculo político local. Con esa excepción extra constitucional se echa por la borda el criterio de la supuesta consistencia tan preciada por el Presidente del Senado. Más bien, se reafirma el doble discurso. La consistente contradicción del gobierno de Puerto Rico.
Temo que la estrategia de la administración del gobernador García Padilla haya llevado al gobierno del ELA a enredarse en una guerra política en la que sólo puede jugar el papel de mingo. Es decir, el de la bola blanca que se usa en el billar.
* El autor es economista y planificador.
