Por Victor Thompson

Luego de nuestro brevísimo invierno, Puerto Rico se encuentra nuevamente en pleno verano. El calor se sufre en las casas, donde las tarifas eléctricas hacen “incosteable” poder prender los aires acondicionados. Ese calor también se percibe en la discusión legislativa sobre la reforma energética.

El debate sobre un tema tan complejo y técnico se caracteriza más por la típica propensidad puertorriqueña al personalismo y al análisis superficial de soluciones simplistas pero burocráticas.

Analicemos los objetivos comunes, las divergencias en métodos y los obstáculos no tomados en cuenta.

Todo el mundo en Puerto Rico reconoce que los costos de electricidad tienen que reducirse. También hay un reconocimiento, al menos tácito, de la necesidad de mejorar el funcionamiento de la Autoridad de Energía Eléctrica (AEE).

No obstante, los proyectos de más fácil ejecución han confrontado problemas para ser implantados. Los gasoductos finalmente han dado paso a la opción de puertos de gasificación. La demora en la conversión al gas explica los intentos de protagonismo que se producen en el mundo político.

La fase de planificación y estudio ambiental significa que los proyectos de gasificación difícilmente estarán listos antes de finales del cuatrienio. Para una administración que prometió bajar los costos eléctricos, esta demora representa otro riesgo adicional de cara a las próximas elecciones.

También es importante tomar en cuenta que incluso el financiamiento para estos proyectos puede confrontar dificultades ante la degradación del crédito del país. Los proyectos dependen de la capacidad de la AEE de acudir al mercado de bonos.

De los proyectos de gasificación depende el logro de los objetivos tanto de los proyectos senatoriales como ejecutivos. ¿Cuál es entonces el problema?

Los proyectos de gasificación no se tramitaron bajo el concepto de alianza público-privada. Las productoras privadas de electricidad en Puerto Rico han argumentado que son mucho más eficientes que la AEE.

El proyecto del Senado parece argumentar que la compra de más electricidad privada es la solución a los problemas energéticos del país. El ejecutivo plantea simplemente reestructurar la supervisión.

Veamos cuales son las fallas en el análisis:

1) Puerto Rico no necesita objetivamente producir más energía, pues la demanda de electricidad no está creciendo y hay exceso de capacidad.

2) La producción de energía renovable se supone que aumente con los contratos firmados con el sector privado, pero esa energía no es más barata que la de las plantas de la AEE o de las plantas de gas y carbón del sector privado.

3) El proyecto del Senado no plantea directamente la privatización de la generación propia de la AEE, sino la “apertura a la competencia”. Esto significa que la AEE ineficiente continuaría como tal.

4) No se explica quién pagará los costos fijos de la AEE como salarios, pensiones y pagos a los bonistas. La apertura a la competencia no elimina estos gastos ni requiere que los mismos se reestructuren sino que los mismos permanecen bajo la responsabilidad del pueblo de Puerto Rico.

5) No se ha demostrado que sea posible la competencia en un sistema oligopólico. ¿Si el Estado piensa que puede lograr que el sector privado baje sus precios por qué no intenta negociar directamente desde ahora?

6) Si lo que se plantea es cerrar algunas de las plantas generatrices de la AEE esta opción debe discutirse abiertamente. No se puede decir que el proyecto de ley pretende hacer la toma de decisiones más transparente y a la vez negar las implicaciones de la apertura a la competencia en un mercado donde la demanda por el producto está estancada.

7) Si lo que se considera deseable es que la AEE de su propia iniciativa reorganice o hasta privatice la operación de sus plantas esto se debe discutir abiertamente. La UTIER debe hacer públicos sus análisis de como considera que debe llevarse a cabo la reorganización de la AEE.

8) La apertura a la competencia de la generación no resuelve nada en cuanto a los aspectos de la generación y venta de la electricidad. Las ineficiencias de la AEE en estos campos quedarían en el status quo.

9) La insatisfacción de los clientes con el servicio de la AEE tiene menos que ver con los cargos mal estimados u ocultos que con el precio en general. Expandir el número de empleados para mejorar cosméticamente el servicio al cliente no va a tono con la política de control fiscal.

10) No hay ninguna garantía de que mejorar la supervisión de la AEE y/o de la política energética del país va a producir resultados. De hecho, la historia demuestra que las reorganizaciones meramente organizacionales-burocráticas no producen resultados. No hay ninguna evidencia de que ningún organismo público en Puerto Rico actúe de manera independiente, no importa cuanta autonomía legal pueda tener. Los organismos colegiados a través de la historia del país han demostrado una tendencia natural a la subordinación a los poderes partidistas que controlen el ejecutivo o legislativo, o a ser destituidos por no aceptar dicha subordinación.

Además, el planteamiento de “tecnocratizar” la política energética y eliminar cualquier dimensión democrática del debate sobre quién debe producir, vender y pagar por la electricidad no es cónsono con nuestro sistema de gobierno.

A nivel teórico este acercamiento no solamente no puede verse como una panacea, sino que es además un cuestionamiento tácito de nuestra filosofía política como sociedad.

La crisis de la democracia debe abordarse en todas sus dimensiones. Los problemas de la AEE no son más que reflejo de todos los problemas estructurales que confronta el país.

No podemos seguir poniendo parchos y esquivando los grandes dilemas que confrontamos.

* El autor es abogado y tiene 10 años de experiencia como ayudante legislativo