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La comunidad tiene que estar lista para compensar los apagones
Por redacción de Sin Comillas
Un aumento en la tarifa de la Autoridad de Energía Eléctrica (AEE) provocará una reducción de 1.05% en el Producto Nacional Bruto (PNB), lo que sería adicional a la proyección de un descenso de 2.3% para el año fiscal 2017, según las proyecciones oficiales de la Junta de Planificación. El aumento en la tarifa también se traducirá en un aumento en la tasa de desempleo y en la inflación, señalan los expertos.
La AEE está buscando que la Comisión de Energía (PREC) apruebe una tarifa de más de 22.1 centavos / kWh para el 2017. Con ello quieren convertir en permanente el aumento provisional de 1.29 centavos que se puso en vigor en agosto. Esto es un costo excesivamente alto cuando se compara con otras jurisdicciones de los Estados Unidos continental y de países-isla competidores como Irlanda, Singapur y República Dominicana, advirtieron varios expertos durante una conferencia de prensa.
El Instituto de Competitividad y Sostenibilidad Económica de Puerto Rico (ICSE-PR) y sus expertos en procesos tarifarios del “Institute for Energy Economics and Financial Analysis” (IEEFA), indican que el aumento provocaría una reducción inicial real del 1.05% en el PNB, adicional al descenso del 2.0% previsto para el año fiscal 2017, un aumento en la tasa real de desempleo de 12.1% a 13.1% y el Índice de Precios al Consumidor aumentará en 1.32%. Además, la demanda de energía eléctrica disminuirá un 0.83% y los cambios propuestos en la estructura tarifaria frenarían el desarrollo de energía renovable asequible en Puerto Rico.
Los economistas participantes de las vistas advirtieron que “no hay manera que podamos iniciar un proceso de recuperación económica con un aumento insostenible en la tarifa de energía eléctrica como base de ese proceso”.
“La propuesta de aumento de la tarifa de la AEE no incluyó estudios o análisis que apoyen el supuesto que los consumidores dentro de los diferentes sectores del País (residencial, comercial e industrial) podrían pagar las tarifas propuestas”, expresaron los presentes. “Tampoco están preparados los consultores AEE para justificar ante la Junta Fiscal y estatutos de PROMESA – que incluyen la supervisión de la Comisión de Energía sobre la AEE- sobre las consecuencias tarifarias y demás realidades económicas de Puerto Rico ,según un Plan Fiscal y un Plan de Inversión finalmente aprobados”.
En cuanto a las necesidades de reestructuración financiera y de reforma estructural de la Gobernanza y la Gerencia de la AEE, Rodrigo Masses, presidente de la AIPR indicó que el marco legal actual requiere que dicha reestructuración sea evaluada tanto bajo los parámetros establecidos en PROMESA y la supervisión de la CEPR bajo la Ley 57. Respecto a la Gobernanza y Gerencia de la AEE, ante el testimonio de Consultores de la propia Comisión como el de Interventores del sector privado hay que cuestionar la capacidad de la AEE de transformarse independientemente de un buen flujo de caja y crédito. Así las cosas, la Junta Fiscal, la Comisión y el Gobernador tendrán que auditar las capacidades del recurso humano líder en los procesos de Planificación, Administración y Mantenimiento de la Red, las Infraestructuras Generación antiguas y la gerencia de procesos de Compras y Cumplimiento Ambiental entre otros en la AEE – y hacerlo con mucha apertura y participación de la Industria y el Sector Privado para recuperar la gran pérdida en confianza del inversionista y el consumidor además de aprovechar los mejores recursos no-partidistas de Puerto Rico y de fuera en transformar el sistema además de la AEE.
Los directivos de la AIPR y el ICSE-PR aseguraron que debido a que la Comisión de Energía señaló el pasado 3 de noviembre la insuficiencia de información provista en la petición de la AEE y las discrepancias que han surgido durante el proceso, el Análisis de Tarifación requerido no se puede realizar responsablemente. Por lo tanto, dicha petición debe ser rechazada, se debe iniciar un nuevo proceso en el mejor interés de los consumidores y determinar una nueva tarifa provisional en acuerdo con la información provista durante el proceso actual. Todos los presentes coincidieron en que el aumento propuesto no es uno sostenible dado el estado actual de la economía del País.
El presidente de los Industriales, Rodrigo Masses destacó que es importante que, en lo que surge una “revolución total” en el proyecto de la AEE que lo lleve hacia un punto operacional seguro, y un participante responsable de un sistema eléctrico sosteniblemente competitivo, la comunidad tiene que estar lista para compensar los apagones y cualquier otro inconveniente que pueda ocurrir. De lo presentado en las vistas, es evidente que aun con los aumentos propuestos, la AEE no se puede sostener. Por lo tanto, es fundamental que los Industriales, y todo el sector privado, particularmente los que se pueden ver más afectados como los hospitales y los hoteles, además de la comunidad en general, estén preparados para enfrentar los efectos del desfase provisional de nuestro sistema eléctrico que tenemos en panorama mientras el nuevo Marco Legal y de Gobernanza del país asumen responsabilidad junto a una Intervención y Colaboración robusta del sector privado para realmente y finalmente transformar la AEE y lo demás que ya no sirve, a un desarrollo de nuestro sistema eléctrico y económico sostenible.
