Por redacción de Sin Comillas

El Tribunal Supremo de Estados Unidos ha decidido revisar el fallo, del 15 de febrero, del Primer Circuito de Apelaciones que declaró inconstitucionales los nombramientos de los miembros de la Junta de Control Fiscal porque no fueron confirmados por el Senado de Estados Unidos. El Tribunal Supremo celebrará una audiencia para tratar el tema en el mes de octubre.

La Junta le dio la bienvenida a la decisión y señaló que sus miembros “siguen comprometidos en continuar su servicio bajo la Ley PROMESA de 2016”.

El Primer Circuito de Apelaciones, que no invalidó las acciones de la Junta, concedió una moratoria hasta el 15 de julio para que el presidente Donald Trump designara a los miembros de la Junta de conformidad con la Cláusula de Nombramientos de la Constitución federal.

El 18 de junio, Trump anunció que sometió los nombramientos de los actuales siete miembros de la Junta al Senado de Estados Unidos para su confirmación. El poco tiempo disponible antes de que el Senado decrete un receso durante periodo de verano podría llevar al Tribunal a ampliar la moratoria.

Los nombramientos de los miembros de la Junta vencen el 31 de agosto del 2019. Se ha dicho que la intención de Trump es certificar los nombramientos por el tiempo que les queda por cumplir. Originalmente fueron nombrados en agosto de 2016.

La decisión del Primer Circuito fue la primera en la historia de Estados Unidos en disponer que oficiales de un territorio, como son los miembros de la Junta, deben ser designados de conformidad con la Cláusula de Nombramientos de la Constitución federal.

En 2017, el fondo de cobertura Aurelius Capital Management cuestionó, por primera vez, ante el tribunal la constitucionalidad de la Junta, argumentando que no hay excepción en la Cláusula de Nombramientos de la Constitución de Estados Unidos para “oficiales territoriales”. Aurelius reclamaba que los nombramientos de los miembros de la Junta debían confirmados por el Senado de Estados Unidos. La organización sindical Unión de Trabajadores de la Industria Eléctrica y Riego (UTIER) también acudió al tribunal con el mismo argumento.

El decisión de Aurelius de cuestionar la constitucionalidad de los nombramientos de la Junta sorprendió en su momento, pues los acreedores fueron los principales defensores de la Junta de Control Fiscal pensando que defendería el pago de la deuda. Sin embargo, la Junta habría perdido el apoyo de los acreedores después de que en el Plan Fiscal se identificara una cantidad para el pago de la deuda que los acreedores consideraban insuficiente.