Por redacción de Sin Comillas

El Tribunal Supremo de Estados Unidos no aceptó revisar el fallo del Primer Circuito de Apelaciones que concluyó, en enero, que los tenedores de cerca de $3,000 millones en bonos de pensiones (POBs, por sus siglas en inglés), emitidos por la Administración de los Sistemas de Retiro del Gobierno, tienen un reclamo legítimo sobre los activos del fondo de pensiones. La mayoría de los bonos están en manos de fondos de inversión.

La apelación, presentada por la Junta de Control Fiscal, significa que los tenedores de bonos tienen asegurada su deuda y tendrán prioridad sobre otros acreedores de la Administración de los Sistemas de Retiro.

La decisión afecta al Plan de Ajuste presentando por la Junta de Control Fiscal, que propone pagar a los tenedores de POBs 13 centavos de cada dólar. En cambio, los pensionados del gobierno, que no es una deuda asegurada, recibirán el 100% para los retirados que reciban $1,200 al mes y se reducirá para los que tengan ingresos más alto.

El 15 de octubre, el Tribunal Supremo de Estados Unidos celebrará una audiencia para trata el tema de la constitucionalidad de los nombramientos de los miembros de la Junta de Control Fiscal. Se cuestiona su constitucionalidad porque no han sido aprobados por el Congreso.