Por redacción de Sin Comillas
Una sentencia emitida el pasado viernes por el Tribunal de Apelaciones determinó la paralización del programa de inspección de furgones en los muelles debido a que el reglamento de la Autoridad de los Puertos (AP) venció en julio de 2014 y no fue renovado conforme a la ley.
El Tribunal ordenó a la AP que cese y desista de inmediato la ejecución del reglamento, lo que por el momento paraliza el proceso inspección y el cobro de los cargos que esto conlleva. Además, la determinación judicial podría obligar al gobierno a devolver los sobre $40 millones cobrados durante ese período.
La decisión del Tribunal surge a consecuencia de la impugnación por parte de la Cámara de Mercadeo, Industria y Distribución de Alimentos (MIDA) de las acciones de la AP, cuando el pasado 6 de septiembre intentó aprobar una extensión del reglamento vencido hace más de dos años y hacerlo de manera retroactiva, contrario a lo dictaminado por la ley.
“La Autoridad de los Puertos atendió el asunto relacionado a la revisión del reglamento de inspección de contendores. En el caso ante el Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico no se ha cuestionado la legalidad del cobro por el servicio de inspección de contenedores. El cuestionamiento planteado es de índole procesal sobre la revisión por parte de la Autoridad de los Puertos a dicho reglamento”, expresó la Autoridad de los Puertos por medio de un comunicado.
“El asunto sobre la legalidad del cobro por el servicio de inspección de contendores fue resuelto por el Tribunal del Distrito Federal en un caso anterior y confirmado por el Tribunal Apelativo de Boston a favor de la Autoridad. La sentencia del Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico no dispone sobre la devolución de fondos de servicios que la Autoridad de los Puertos brindó. Nos encontramos evaluando las alternativas legales con los abogados de la Autoridad. El servicio de inspección de contenedores nunca se ha interrumpido, salvaguardando en todo momento la seguridad de la carga marítima en los muelles. Esto en cumplimiento con la política pública establecida por Ley”, añadió.
Según estimados de MIDA, la anulación de este cargo, le ahorrará millones de dólares al consumidor puertorriqueño, que hasta ahora ha pagado sobre $100 millones por un programa que no ha cumplido con su objetivo. La mayor parte de esos fondos se le pagan a una empresa del exterior y por ende, salen de la Isla.
“El programa de inspección y cobro de furgones comenzó en el 2009 a un costo anual aproximado de $20 millones, por lo que hasta el momento ha costado sobre $100 millones, precisamente en el momento de mayor crisis económica de la Isla”, aseveró Manuel Reyes Alfonso, Vicepresidente Ejecutivo de MIDA.
“Luego de 6 años y $100 millones se ha podido demostrar que el sistema no es efectivo. En contraste vemos como todas las semanas ocurren incautaciones en los aeropuertos, en los ferries de Vieques y Culebra, y hasta en lanchas privadas”, agregó el ejecutivo de MIDA.
Este recalcó que ni MIDA ni el resto del sector privado se oponen a que se mejore la seguridad de los puertos e incluso a que se hagan inspecciones. “Lo que ha objetado el sector privado desde el inicio es que se cobre por ello, lo que el gobierno federal no hace, o que se intente inspeccionar innecesariamente el 100% de los furgones, utilizando un método inefectivo que en seis años no ha detectado prácticamente nada. Pero en esta ocasión lo que se planteó al tribunal es que continuaron cobrando a pesar de habérseles notificado que el reglamento estaba vencido desde el 2014”, indicó.
Reyes Alfonso recomendó que ante la crisis económica y fiscal, el gobierno y los actuales candidatos aprovechen esta determinación judicial y desistan de este programa que tiene un alto costo y ha sido inefectivo. “Existen otras alternativas como el programa ASYCUDA que Hacienda está implantando con el que puede identificar en qué furgones existe algún nivel de riesgo y enfocar los pocos recursos en estos. Así es que lo hace Aduanas Federal, sin cobrar, y quienes han demostrado ser más efectivos. De hecho, la realidad es que el gobierno federal ya está invirtiendo millones de dólares en éstas áreas por lo que este programa ha sido una duplicidad”, agregó.
“Es una contradicción pedir al Congreso que reduzca el costo de transportación de mercancía a la Isla derogando las Leyes de Cabotaje cuando localmente no hacemos lo que está en nuestras manos. Queremos que el Congreso nos asista, pero antes tenemos que poner de nuestra parte para reducir los costos de hacer negocios y de todo lo que consumimos”, indicó el VP Ejecutivo de MIDA.
Desde el inicio de este programa el sector privado ha expresado sus reservas, lo que condujo a un litigio ante el Tribunal Federal en el que alegaron la inconstitucionalidad del proceso. En aquella ocasión, la Asociación de Industriales, la Cámara de Comercio, la Asociación de Navieros y múltiples importadores participaron de la demanda.
