Por redacción de Sin Comillas

El juez del tribunal federal, Juan A. Besosa, declaró inconstitucional la Ley para el Cumplimiento con las Deudas y para la Recuperación de las Corporaciones Públicas de Puerto Rico (“Ley para la Recuperación”). La decisión es un duro golpe para el Gobierno, que  había apostado a esta ley para lograr que las corporaciones públicas puedan reestructurar su deuda y no arrastren al gobierno central en su caída.

La decisión responde a dos demandas presentadas en los meses de junio y julio por BlueMountain Capital Management, Franklin Templeton Investments y Oppenheimer Funds Inc. cuestionando la legalidad de la Ley, que permite a algunas corporaciones reestructurar sus deudas.

Matthew McGill, abogado de BlueMountain Capital, remitió las siguientes declaraciones: “Estamos satisfechos con la decisión del juez Besosa. ​​La Ley viola la ley federal y ahora un tribunal federal la ha declarado nula. Esperamos poder trabajar con la Autoridad de Energía Eléctrica (AEE) para desarrollar un plan sostenible”.

Da la casualidad de que el abogado de BlueMountain Capital es el mismo que defiende a Doral Financial Corporation (NYSE:DRL) en su caso contra el Departamento de Hacienda.

En julio, el Banco Gubernamental de Fomento (BGF), había defendido la constitucionalidad de la ley y había presentado una moción en el tribunal federal solicitando se desestime la demanda.

“La Ley de Recuperación es una ley constitucional, cuidadosamente considerada y destinada a proteger los intereses colectivos de los acreedores a través de un procedimiento ordenado para reestructurar las deudas de una corporación pública, mientras le permite seguir proporcionando servicios críticos a los residentes y negocios de Puerto Rico”, había comentado en julio César R. Miranda Rodríguez, Secretario de Justicia.

La aprobación de la ley, que ahora se declara constitucional, provocó que Moody’s Investor Service degradara tres niveles la deuda, que ya estaba a nivel de chatarra.

La decisión llega en un momento especialmente delicado para el Gobierno. No ha logrado sacar una emisión de unos $2,000 millones para repagar la deuda que la Autoridad de Carreteras tiene con el BGF; y está a punto de presentar un proyecto que podría suponer la mayor reforma al sistema contributivo en muchos años. Pero el debate en la Legislatura se anticipa especialmente intenso.

Por otro lado, el Gobierno ya ha advertido que la implantación del Impuesto sobre el Valor Añadido (IVA) –de dónde saldrán los fondos para reducir las contribuciones– podría tardar entre 18 y 24 meses, lo que coincidirá con las próximas elecciones. ¿Se pueden complicar más las cosas?

* Historia en desarrollo. Se ampliará