Por redacción de Sin Comillas

El Tribunal de San Juan emitió sentencia a favor de la Compañía de Turismo (CTPR) determinando la ilegalidad de máquinas de entretenimiento para adultos, que están consideradas “máquinas de juegos de azar”.  En este caso el juez desestimó la demanda de injunction preliminar y permanente y sentencia declaratoria que los dueños de las máquinas habían radicado contra Turismo.

Las máquinas y los establecimientos donde estaban situadas fueron intervenidas por personal de la Compañía de Turismo, imponiendo multas e incautando las máquinas luego de sendas investigaciones realizadas al amparo de Ley de Juegos de Azar y la Ley Núm. 77 de 1 de julio de 2014.

La Ley Núm. 77 de 1 de julio de 2014 transfirió a la CTPR la facultad de fiscalizar todo lo relativo a máquinas de entretenimiento de adultos.  Además, le dotó de la facultad de confiscar aquellas máquinas que no cumplen con la ley y emitir multas por dichas violaciones. Entre éstas, menciona específicamente a aquellas que muestran los elementos que constituyen una máquina de juegos de azar.  Por su parte, la Sec. 3 de la Ley Núm. 11 de 22 de agosto de 1933 establece que el uso de cualquier máquina de las llamadas tragamonedas para fines de juegos de azar o lotería queda prohibido, excepto en los casinos operando con franquicias autorizadas por el Comisionado de Instituciones Financieras y fiscalizadas por la Compañía.

“Las “máquinas de entretenimiento para adultos” o “tragamonedas” que se encuentran fuera de los casinos de los  hoteles, son ilegales y la mera posesión de las mismas configura un delito. De igual forma es ilegal pagar premio alguno. Estas personas no pagan contribuciones por la actividad que llevan a cabo. Los recaudos producto de las máquinas en los casinos representan ingresos para la CTPR, la Universidad de Puerto Rico y el Departamento de Hacienda. Ahora más que nunca, es importante que no se afecten los mismos.Tanto la CTPR como el Departamento de Justicia continuaremos llevando a cabo la parte que nos corresponde en combatir estas actividades ilegales”, dijo Ingrid I. Rivera Rocafort, directora ejecutiva de la CTPR.