Por redacción de Sin Comillas
El Tribunal del Primer Circuito de Apelaciones de Estados Unidos confirmó la orden del Tribunal federal que declaraba que el Gobierno de Puerto Rico no puede obligar a Walmart a pagar un impuesto aplicable sobre compras entre la compañía matriz y su centro en Puerto Rico (“transfer pricing”). Dijo que ese impuesto es “aparentemente discriminatorio” y viola la Constitución de Estados Unidos.
La Ley 72. La ley, aprobada el 29 de mayo de 2015, cambió la tributación aplicable sobre compras entre la compañía matriz y su centro en Puerto Rico (“transfer pricing”). Walmart, que es la única compañía a la que le aplica la ley, presentó una demanda en el Tribunal Federal el 4 de diciembre de 2015 cuestionando la constitucionalidad de la ley y denunciando que penaliza arbitrariamente a una sola empresa. En marzo ese tribunal falló en contra del Gobierno de Puerto Rico.
En esa ocasión, el juez José Antonio Fusté, señaló que el Gobierno estableció un impuesto de 6.5% por concepto de compras entre compañías porque necesita dinero para operar ya que está insolvente. Fusté dijo estar de acuerdo con la opinión de uno de los testigos en las vistas: “Al final del día, el gobierno no debe depender de impuestos que no le corresponden para tratar de pagar los servicios esenciales”. En sus declaraciones finales el juez habla de que el Gobierno necesita mayor transparencia. “Las personas tienen derecho a saber la verdad acerca de cómo hemos llegado a donde estamos”.
El Gobierno había defendido los cambios en la Ley 72 señalando que la compañía matriz le vende a la subsidiaria en Puerto Rico a precios muy cercanos al precio de venta al detal, lo que permite que la ganancia real se quede en la matriz sin que tribute adecuadamente en el país donde se hizo la venta final. Walmart ha negado que exista manipulación de transferencia de precios entre la compañía matriz y la subsidiaria en Puerto Rico.
“La decisión de hoy es una victoria no solo para Wal-Mart Puerto Rico, sino también para nuestros clientes, nuestros más de 14,000 asociados puertorriqueños, y los muchos suplidores y agricultores puertorriqueños que dependen en gran medida de nosotros. El impuesto inconstitucional decretado por la Ley 72 era muy perjudicial para nuestro negocio, ya que confiscaba el 100% de nuestras ganancias. Porque queremos permanecer en Puerto Rico y ser parte de la solución a la actual crisis fiscal, estamos agradecidos de que el Primer Circuito ratificó la decisión de la Corte de Distrito de eliminar este impuesto institucional”, declaró Lorenzo López, director denior de Comunicaciones Corporativas de Walmart, en un comunicado remitido a los medios de comunicación.
