Martha E. M. Kopacz (Foto Sin Comillas)
Por Luisa García Pelatti
La Junta de Control Fiscal solicitó a la jueza federal Laura Taylor Swain, encargada de los casos del Título III de la Ley de Supervisión, Administración y Estabilidad Económica de Puerto Rico (PROMESA, por sus siglas en inglés), que autorice la contratación de la firma Phoenix Management Services, LLC como asesor financiero del equipo de mediación en la reestructuración de la deuda.
Martha E. M. Kopacz es la directora de Phoenix Management, una firma con sede en Boston que participó en el proceso de reestructuración de la deuda de Detroit. Kopacz cobraría entre $495 y 695 por hora. El resto de su equipo cobraría los siguientes honorarios, de acuerdo a su posición:
- Senior Managing Directors $495 – $695
- Senior Advisors $400 – $650
- Managing Directors $395 – $525
- Directors & Senior Directors $320 – $450
- Vice Presidents, Associates & Analysts $150 – $350
- Support Staff $75 – $150
La firma también tendría derecho al reembolso de gastos.
El año pasado, Kopacz participó en varias reuniones de organizaciones empresariales en Puerto Rico.
Recordemos que en el mes de junio el tribunal nombró a un equipo de cinco jueces federales de varias jurisdicciones para ayudarles a mediar en los casos relacionados con la reestructuración judicial de la deuda de Puerto Rico.
El equipo está formado por: la jueza Barbara Houser, del Tribunal de Quiebra del Distrito Norte de Texas; Thomas Ambro, del Tercer Circuito de Apelaciones; Nancy Atlas, del Distrito Sur de Texas; Christopher Klein, del Distrito Este de California; y Víctor Marrero, del Distrito Sur de Nueva York.
En los últimos día, al tribunal también se le ha pedido autorización para la contratación y el pago de varias firmas, entre ellas están Segal Consulting como consultores y actuarios para el Comité de Retirados; Bennazar, García & Millan, CSP como abogados del Comité de Retirados; Jenner & Block LLP también como abogados del Comité de Retirados; Zolfo Cooper, LLC como asesores del Comité de Acreedores No Asegurados; O’Neill & Gilmore Law Office LLC como asesores legales locales del Comité de Acreedores No Asegurados; y Paul Hastings LLP como asesor del Comité de Acreedores No Asegurados. Estos gastos se pagarían con fondos del gobierno de Puerto Rico.
