Por redacción de Sin Comillas

La Jueza Laura Taylor Swain, asignada por el Tribunal Federal para atender los asuntos de quiebra de Puerto Rico, aprobó el acuerdo de reestructuración del Banco Gubernamental de Fomento (BGF) bajo el Título IV de la la Ley de Supervisión, Administración y Estabilidad Económica de Puerto Rico (PROMESA, por sus siglas en inglés). Es la primera transacción consensual bajo el Título VI de PROMESA. Algunos analistas ya hablan de que el acuerdo terminará finalmente en un incumplimiento de pago al cabo de una par de años.

Para Christian Sobrino Vega, presidente del BGF y director ejecutivo de la Autoridad de Asesoría Financiera y Agencia Fiscal (AAFAF), la aprobación del acuerdo representa un avance significativo en la reestructuración de la deuda pública.

“Esto es un logro histórico para la resolución final del BGF y una victoria decisiva en la recuperación fiscal de la isla.  Es el primer acuerdo consensual aprobado por el Tribunal de Distritito Federal en virtud del Título VI de PROMESA. Una vez más, evidenciamos la credibilidad de la gestión del gobernador Ricardo Rosselló Nevares y nuestro compromiso de recuperar nuevamente el acceso a los mercados de capital mediante negociaciones de buena fe, siempre protegiendo los mejores intereses de los puertorriqueños y de los municipios”, expresó Sobrino Vega, quien resaltó que este acuerdo consensual contó con la participación del 74.85% de los tenedores de reclamaciones, de los cuales el 97.42% votó a favor de la reestructuración del BGF.

Por su parte, la Junta de Control Fiscal acogió con satisfacción la decisión. “La aprobación por parte del Tribunal representa un hito importante en la reestructuración de las obligaciones de deuda de Puerto Rico”, dijo Natalie Jaresko, directora ejecutiva de la Junta de Supervisión.

La reestructuración de la deuda otorga a los tenedores de bonos 55 centavos por cada dólar que prestaron al BGF. Los municipios recibirán el 55% del exceso de la Contribución Adicional Especial (CAE) de años anteriores, retenidos en el BGF. El acuerdo protege a los municipios de demandas por parte de suplidores dentro de un tiempo determinado, bajo la Ley 109 de 2017.