Por redacción de Sin Comillas
El Tribunal Supremo de los Estados Unidos revisará la decisión del Primer Circuito de Boston en la que declaró inconstitucional la Ley 71 para el Cumplimiento con las Deudas y para la Recuperación de las Corporaciones Públicas de Puerto Rico.
El Secretario del Departamento de Justicia, César R. Miranda, catalogó la decisión como histórica y como una nueva oportunidad de que se nos haga justicia. “En todo momento me sentí convencido de que el Tribunal Supremo de los Estados Unidos expediría el certiorari en este caso. Tanta marginación y tanta injusticia contra nuestro país tiene que llamar la atención de cualquier jurista de conciencia. Más aún, también estoy convencido de que prevaleceremos al final del camino y Puerto Rico podrá contar con un instrumento que le permita reestructurar su deuda de forma juiciosa y ordenada”, manifestó el Secretario de Justicia.
“Estamos viviendo un momento único en la historia del País: el que se hayan expedido dos autos de certiorari en los dos casos que hemos llevado a la consideración del Tribunal Supremo de los Estados Unidos. Parecía imposible pero aquí estamos. Seguimos convencidos de que al final prevaleceremos en ambos casos para beneficio de nuestro país”, añadió.
Por su parte, el gobernador Alejandro García Padilla, comentó que “la Ley para el Cumplimiento con las Deudas y para la Recuperación de las Corporaciones Públicas fue creada para proporcionar a las corporaciones públicas habilidades de reestructuración similares a las que tienen otras entidades en Estados Unidos, y esperamos tener la oportunidad de defender la constitucionalidad de esta legislación. Esto es un largo proceso pero nosotros tenemos la esperanza de que el Tribunal Supremo de Estados Unidos se pronuncie a favor nuestro. Los 3.5 millones de ciudadanos americanos de Puerto Rico no pueden seguir esperando por el alivio. La crisis en el país se hace más grave cada día que pasa y por ello instamos al Congreso a actuar ahora proporcionándonos herramientas para reestructurar nuestra deuda y permitir que nuestra economía crezca, y así poder aliviar la carga fiscal que enfrentamos. El hecho es que los servicios esenciales del pueblo puertorriqueño dependen de esta decisión”.
“Estamos muy satisfechos con la decisión del Tribunal Supremo de los Estados Unidos de América de acoger la petición de certiorari del Estado Libre Asociado de Puerto Rico y del Banco Gubernamental de Fomento para Puerto Rico respecto a la Ley para el Cumplimiento con las Deudas y para la Recuperación de las Corporaciones Públicas de Puerto Rico. La Ley de Recuperación fue diseñada a la luz del ordenamiento legal vigente para proveer un mecanismo estructurado para que entidades gubernamentales y sus acreedores se sienten en la mesa de manera ordenada para reestructurar la deuda de dichas entidades. La falta de un acuerdo final en la negociación de la Autoridad de Energía Eléctrica, que ha sido postergado por la intransigencia de ciertos acreedores, es evidencia de la necesidad de contar con un mecanismo para forzar una negociación de buena fe entre todas las partes. Dicho mecanismo, que también reclamamos ante el Congreso, es esencial para que Puerto Rico pueda retomar el camino de la recuperación económica y fiscal”, comentó Melba Acosta Febo, presidenta del Banco Gubernamental de Fomento.
Miranda aprovechó la ocasión para agradecer el trabajo realizado en estas apelaciones. “Tengo que felicitar a nuestro equipo de trabajo: a Margarita Mercado Echegaray, nuestra Procuradora General, y a Chris Landau, excelente abogado que nos ha adoptado y que tan extraordinario servicio nos ha brindado, en este y en el caso Sánchez Valle sobre doble exposición”.
La Procuradora General expresó su satisfacción ante el anuncio. “Estamos sumamente complacidos con que se le haya dado al pueblo de Puerto Rico la oportunidad de defender una ley que busca atender la difícil situación económica por la cual atraviesa la isla. La ley es una pieza clave en el programa de recuperación fiscal de las corporaciones públicas y juega un papel sumamente importante en la recuperación económica del país”, indicó.
Mercado Echegaray explicó que el Estado presentará próximamente un alegato ante el Tribunal sobre los méritos de la petición y se espera que la Corte Suprema celebre una argumentación oral y emita una decisión en los méritos en o antes del mes de junio del próximo año.
Es la primera vez en la historia que el más alto foro judicial estadounidense decide atender una petición sobre una controversia que busca otorgarle a la Isla un mecanismo para que pueda reestructurar sus deudas de forma ordenada, esto ante la falta de alcance del Capítulo 9 de la Ley de Quiebras federal.
Este es el segundo recurso discrecional de certiorari presentado por el ELA que la Corte Suprema federal acoge este año. Cabe destacar que el 1 de octubre de 2015 la Corte expidió el recurso presentado por el ELA en el caso Pueblo v. Sánchez Valle, sobre doble exposición. Se espera que la argumentación oral en ese caso sea celebrada el 13 de enero de 2016.
