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Por Luisa García Pelatti

La deuda de Puerto Rico se hunde aún más en la chatarra. Standard & Poor’s Ratings Services (S&P) degradó la deuda de las Obligaciones Generales (GO’s) tres niveles, de “BB” a “B”, cinco niveles por debajo de grado de inversión. La perspectiva es negativa. También degradó las clasificaciones de la Corporación para el Fondo de Interés Apremiante (Cofina), la Agencia de Financiamiento Municipal de Puerto Rico (AFM), el Sistema de Retiro, la Autoridad para el Financiamiento de la Infraestructura (AFI) y la Autoridad del Distrito de Convenciones. Mantuvo sin cambios la clasificación de la deuda de la Autoridad de Carreteras (“B”). La perspectiva, en todos los casos, es negativa. Lo que significa que podrían volver a degradar.

La degradación de “BB” a “B”, baja la clasificación de los GO’s tres niveles y la hunde aún más en la categoría de inversión de riesgo o especulativa. S&P atribuye la degradación a los riesgos de liquidez a corto plazo, a la propuesta de sustituir un Impuesto sobre Ventas y Uso (IVU) de 7% por un Impuesto sobre el Valor Añadido (IVA) de 16%; y a la decisión del Tribunal Federal, que el pasado 6 de febrero, declaró inconstitucional la ley de quiebra de las corporaciones públicas. Anticipa que el Gobierno verá restringido el acceso a financiamiento de forma “severa”.

S&P degradó la deuda mejor clasificada que tenía el Gobierno –la de Cofina– la única que todavía no era chatarra. La clasificación de Cofina baja seis escalones, de “BBB” a “B”, debido a la propuesta de imponer un IVA. S&P cree que ese cambio va a generar incertidumbre. “Los riesgos presupuestarios podría amplificarse si el nuevo impuesto en forma de IVA se implementa al mismo tiempo que persisten las tendencias negativas en la economía”. La agencia de crédito cree que las proyecciones de recaudos del IVA pueden quedarse cortos, como pasó con el IVU. Vamos, que ya no confían en lo que les diga el Gobierno.

Además, S&P destaca que sería la primera vez que se implanta un IVA en Estados Unidos y que podría ser modificado si en las próximas elecciones gana el partido de la oposición.

“Creemos que la actual trayectoria económica y financiera de Puerto Rico es ahora más susceptible a las condiciones adversas del mercado, la economía y la situación financiera, lo que en última instancia, podría poner en peligro la capacidad del Gobierno para pagar sus deudas”, dice el informe de S&P.

Señala que la respuesta de los gobiernos (habla de “revolving leadership”) ha sido vacilante entre medidas de austeridad y reducciones de impuestos y alzas en contribuciones y despidos. Pero en todos los casos, se ha dependido de la emisión de deuda para cubrir déficits operacionales.

La debilidad de la economía ha reducido los recaudos del Gobierno y ha hecho más difícil el pago de la deuda, explica S&P. “Recientemente, Puerto Rico se ha enfocado más en nuevas rondas de financiamiento simplemente para mantener los niveles críticos de liquidez, mientras que paga un alto precio para obtener nuevos financiamientos. Todo esto representa una amenaza, en nuestra opinión, a la capacidad del Gobierno para continuar ofreciendo los servicios básicos”.

La decisión de tribunal, dice S&P, es una amenaza a la liquidez del Banco Gubernamental de Fomento (BGF) porque “reduce el apetito de los inversionistas por su plan de financiar un préstamo de $2,200 millones de la Autoridad de Carreteras”, pero asegura que ese refinanciamiento es necesario para recapitalizar el BGF.

“La opinión de Standard and Poor’s no nos sorprende ya que mantiene su posición pesimista y ajena al bienestar de los puertorriqueños. La continua presión de esta firma para provocar medidas abruptas como el despido masivo de empleados públicos no está en línea con la política pública de esta administración”, comentó Jorge Colberg Toro, Secretario de Asuntos Públicos.

“Nosotros continuaremos tomando las medidas necesarias para enderezar las finanzas públicas de forma responsable y sin despedir empleados. La transformación que proponemos al sistema tributario establecerá un régimen de recaudos más justo que fomenta la productividad del país y el crecimiento económico necesario para superar la situación fiscal heredada”, añadió.

En julio de 2014, S&P degradó la clasificación de las Obligaciones Generales de “BB+” a “BB”. En esa ocasión también degradó las notas de Cofina, la Autoridad de Carreteras, el Sistema de Retiro, AFI y la Autoridad del Distrito de Convenciones, entre otras. En esa ocasión, S&P explicaba que la degradación respondía a la aprobación de la “Ley de Reestructuración de las Corporaciones Públicas”. “La aprobación de esa ley muestra un cambio potencial en la voluntad histórica de Puerto Rico de cumplir con sus obligaciones con los bonistas”, dijo en julio.