Por Luisa García Pelatti
Dos meses después de la última degradación, Standard & Poor’s Ratings Services (S&P) vuelve a degradar la deuda de las Obligaciones Generales (GO’s). La clasificación de la deuda cae dos niveles, de “B” a “CCC+”. La deuda se hunde aún más en la categoría de chatarra, siete niveles por debajo de grado de inversión, un nivel en el que se considera que la deuda es vulnerable y muy dependiente de la situación económica. S&P puso la clasificación en alerta con implicaciones negativas y advierte que vamos camino a un cierre del Gobierno sin acceso a los mercado de capital para obtener financiamiento.
La agencia también degradó al mismo nivel la deuda de la Corporación para el Fondo de Interés Apremiante (Cofina), la Agencia de Financiamiento Municipal de Puerto Rico (AFM), la Autoridad para el Financiamiento de la Infraestructura (AFI) y la Autoridad del Distrito de Convenciones.
S&P explica que la degradación se debe al debilitamiento del acceso a los mercados para obtener financiamiento, que está atado a la situación económica. Si no mejoran las condiciones económicas la deuda será insostenible, advierte.
La falta de consenso en el Gobierno sobre las medidas fiscales pueden empeorar la situación de liquidez, lo que explica la alerta con implicaciones negativas. Espera resolver esta alerta en un periodo de tres meses, cuando ya se haya aprobado un presupuesto y haya información adicional sobre liquidez.
“Creemos que la aprobación de un presupuesto balanceado creíble para principios del mes de julio podría ser un elemento importante para que Puerto Rico pueda recuperar el acceso a los mercados”, señala el informe de S&P. Pero si se retrasa la aprobación del presupuesto o se aprueba con un déficit estructural significativo, la agencia clasificadora de crédito advierte que podría volver a degradar la deuda a “CCC” o por debajo de eso. En cambios, si se aprueba a tiempo un presupuesto que estabilice la liquidez, S&P dice que podría eliminar la alerta de crédito y reafirmar la clasificación de “CCC+”.
El informe hace referencia a la carta enviada esta semana por la Junta de Directores del Banco Gubernamental de Fomento (BGF) al Gobernador y la Legislatura y considera que esa carta es un indicador de “estrés de liquidez”.
Pero aunque se apruebe pronto la Reforma Contributiva que incluye un Impuesto sobre el Valor Añadido (IVA), S&P opina que la liquidez podría caer por debajo de lo que es necesario para que el Gobierno siga operando y pueda pagar la deuda. Además, aunque el IVA podría aumentar los ingresos del fisco, tendría implicaciones negativas en el corto plazo, conlleva riesgo de implementación y crearía incertidumbre.
El 12 de febrero, S&P había degradado la deuda tres niveles, de “BB” a “B”, con perspectiva es negativa, debido a los riesgos de liquidez a corto plazo, a la propuesta de sustituir un Impuesto sobre Ventas y Uso (IVU) de 7% por un Impuesto sobre el Valor Añadido (IVA) de 16%; y a la decisión del Tribunal Federal, que el 6 de febrero, había declarado inconstitucional la ley de quiebra de las corporaciones públicas. Anticipa que el Gobierno verá restringido el acceso a financiamiento de forma “severa”.
