Por redacción de Sin Comillas
La Unión PASO (personal Profesional, Administrativo, Secretarial y de Oficina) y el capítulo del Sindicato Puertorriqueño de Trabajadores (SPT) en el Departamento de Educación (DE), censuraron la orden ejecutiva del Gobernador que dispone el traslado masivo de empleados del DE a otras agencias, por ser esta una acción inconsulta que viola los acuerdos negociados de la Ley 66 y que no toca el serio problema de exceso de contratistas en esa agencia.
“Nos toma por sorpresa el anuncio hecho por el portavoz de La Fortaleza ya que no se ha realizado un estudio de necesidad interno, no han consultado a la representación sindical de estos empleados y ni siquiera se cuestiona o evalúa la necesidad de cientos de contratistas que pululan en el DE”, afirmó Karen de León Otaño, presidenta de la Unión PASO.
Según la líder sindical, la orden de traslados masivos de personal administrativo del DE viola los acuerdos suscritos en el marco de la Ley Especial de Sostenibilidad Fiscal y Operacional del Gobierno y se hacen de manera improvisada por recomendación, precisamente, de una compañía privada que desconoce el funcionamiento del Departamento.
De León subrayó que estos traslados afectarán de manera especial a los centros de educación especial cuyo personal administrativo es quien tramita las evaluaciones y asignaciones de los niños y niñas en estos programas.
Por su parte, Mikey Rivera Soto, presidente de la Local de SPU-PASO afirmó que “el Departamento de Educación ha implementado un proceso de traslados sin notificación a nuestra unión, donde no se sabe cuáles fueron los criterios utilizados para determinar que ese grupo de empleados son “excedentes” y pueden pasar de una agencia a otra de esta forma tan abrupta”.
“Nosotros no vamos a aceptar una acción como ésta que se presta a la violación de los derechos adquiridos de los trabajadores”, sentenció Rivera Soto.
Por su parte, Israel Marrero Calderín, quien preside el capítulo del SPT de trabajadores de conservación, técnicos, mantenimiento y vigilancia del DE, denunció que esos empleados también se ven afectados por la orden ejecutiva y adelantó que no descartan “acudir a los tribunales para detener esta acción arbitraria e ilegal del gobierno, así como la realización de actividades de militancia sindical”.
Según el secretario de Asuntos Públicos de la Fortaleza, Jesús Manuel Ortiz, este movimiento es parte del proceso de reorganización gubernamental y se propone enviar a 200 empleados del DE a la Policía de Puerto Rico para realizar labores administrativas, y 407 que serán trasladados a laborar en escuelas públicas, también en funciones administrativas.
La Unión PASO está afiliada a Servidores Públicos Unidos (SPU) y al Sindicato Puertorriqueño de Trabajadores (SPT).
