Por redacción de Sin Comillas
Dos sindicatos radicaron en el tribunal federal su oposición al acuerdo entre el Gobierno y bonistas de la Corporación del Fondo del Interés Apremiante (COFINA) que consideran “reproduce las mismas prácticas imprudentes que llevaron a Puerto Rico a la crisis financiera que hoy vivimos”. El recurso fue radicado ante la sala de la jueza Swain asignada por el Tribunal Federal para atender los asuntos de quiebra de Puerto Rico bajo el Título III. También se opone el acuerdo el Bank of New York Mellon, el administrador de los fondos de COFINA, que radicó un recurso en el Tribunal de Distrito de los Estados Unidos.
La Service Employees Internacional Union (SEIU) y la United Auto Workers (UAW), que representan a más de 30,000 trabajadores en Puerto Rico, solicitan al tribunal que no valide la negociación llevada a cabo por la Junta de Control Fiscal, el Gobierno y los bonistas de COFINA.
Según Roberto Pagán, presidente del Sindicato Puertorriqueño de Trabajadores y Trabajadoras (SPT) y vicepresidente de SEIU, “el acuerdo, establece que los pagos de bonos atrasados continuarían pendientes acumulando intereses, lo que obligaría al gobierno a utilizar el IVU de otros años para pagar el déficit. Esto podría significar que el IVU seguiría fluyendo a COFINA incluso después del año fiscal 2058”. Pagán indicó que de aprobarse este acuerdo, “se empeñarían generaciones de puertorriqueños condenándoles a la indigencia y a la imposibilidad de desarrollar una economía productiva y exitosa”.
El acuerdo congela los bonos de COFINA y bloquea por 10 años la capacidad del gobierno de forzar un refinanciamiento favorable para Puerto Rico.
“Este acuerdo incluso permitiría al gobierno emitir más bonos de COFINA con vencimientos más allá de la limitación constitucional máxima de 40 años. En otras palabras, se valida la deuda postergándola, lo que va en contra de la recomendación contenida en el informe del bufete Kobre y Kim comisionado por la propia Junta”, precisó Pagán.
“Para colmo de males, el acuerdo estipula que es el gobierno de Puerto Rico el que pagará los costos de abogados y analistas contratados por los bonistas para negociar este acuerdo”, añadió el líder sindical.
Pagán finalmente insistió en que sus declaraciones las hacía a nombre de la SEIU, y no de otro comité u organismo en el que participe su organización dentro o fuera del proceso de Título III.
