Por redacción de Sin Comillas

La Federación Americana de Maestros (American Federation of Teachers, AFT) y la Federación Americana de Empleados Estatales, de Condados y Municipios (American Federation of State, County and Municipal Employees, AFSCME) demandaron ante el Tribunal Federal que atiende los asuntos de quiebra de Puerto Rico bajo el Título III para defender sus pensiones, que consideran ha sido mal administradas. Los demandados son el Gobierno de Puerto Rico, Banco Popular, donde están las cuentas del Gobierno, la Junta de Control Fiscal y la Junta de Directores del la Administración de los Sistema de Retiro de los Empleados del Gobierno y la Judicatura.

Los demandantes, principalmente maestros, reclaman que los fondos de las pensiones de los empleados están desde agosto de 2017 en cuentas de Banco Popular, pero no han recibido pago por concepto de intereses. Las uniones de empleados públicos reclaman alrededor de $300 millones más los intereses que se hubieran recibido si los fondos se hubieran invertido en la bolsa de valores. También reclaman daños. Al no pagar intereses, los demandantes consideran que hay un enriquecimiento injusto por parte del Gobierno y Banco Popular a expensas de los empleados públicos.

La Ley 106 de 2007 debía crear una cuenta donde depositar la cantidad que el Gobierno retiene a los empleados para el pago de las pensiones. Los demandantes señalan que no se han creado esas cuentas y que el Gobierno “se ha apoderado de los fondos de los empleados y los esconde bajo un colchón”, señala la demanda.

Los demandantes responsabilizan a la Junta de Control Fiscal por no haber tomado acción y pedirle al Gobierno que cumpliera con la Ley 106. El Plan Fiscal certificado por la Junta no cumple con la Ley 106.

“Un año después de que el huracán María azotara y devastara a Puerto Rico, los educadores hicieron innumerables sacrificios para proteger a sus hijos y sus aulas. Durante ese año, los inversionistas, banqueros y tenedores de bonos han protegido gran parte de sus intereses. Mientras tanto, los maestros pensaron que su dinero de retiro también estaba bien protegido. Estaban equivocados. Hemos sabido que los fondos de retiro de los maestros ha estado en cuentas de Banco Popular, ganando poco o nada de intereses, a pesar de que la ley obliga a invertir el dinero”, señala la demanda.