Por redacción de Sin Comillas
El presidente del Senado, Thomas Rivera Schatz, sometió el Proyecto del Senado 827 que permitiría que bonistas locales puedan utilizar hasta el 90% del valor original o nominal que le pagaron al Gobierno por sus bonos como colaterales para obtener el arrendamiento de propiedades públicas y préstamos otorgados o garantizados por agencias, corporaciones públicas y municipios de Puerto Rico.
Ese incentivo estaría condicionado a que el arrendamiento de propiedad pública o la obtención de algún préstamo del gobierno de Puerto Rico estén destinados a los fines específicos de mantener los empleos en un negocio; la ampliación de estos o el establecimiento de un negocio que produzca nuevos empleos.
La legislación, cuyo título es “Ley para la Reactivación de la Inversión para el Desarrollo Económico de Puerto Rico” está enfocada en los llamados “Bonistas del Patio” que se estiman en unos 60,000 residentes en la Isla que tuvieron o tienen negocios que crean empleos y que poseen unos $15,000 millones en bonos del gobierno.
La medida destaca que desde hace cinco años, esos inversionistas y bonistas locales no cobran principal ni intereses por esos activos debido al impago del Gobierno. Tampoco pueden utilizar ese capital como colateral o garantía en la banca privada para gestionar el financiamiento que les permitiría mantener, ampliar o crear nuevos negocios y proyectos de desarrollo económico.
“Ese enorme capital de $15,000 millones debe ser reactivado para facilitar la inversión local, la producción, la creación de empleos, aumentar las exportaciones y reducir las importaciones. No debemos continuar enfocados en la esperanza de lentas e inciertas promociones de inversiones externas a la Isla. La alternativa más accesible es la máxima utilización del capital local. Este proyecto de ley facilita la reactivación de ese capital y sus incentivos en nada afectan el presupuesto del gobierno” explicó Rivera Schatz.
El Presidente Senatorial indicó que “privar de manera irremediable a estos bonistas de la posibilidad de recuperación de sus ahorros e inversiones y obligarlos a no poder utilizar ese capital como garantía o colateral de financiamiento público para mantener, ampliar o crear nuevos negocios y proyectos de desarrollo económico, además de una injusticia, es un contra sentido a las metas para promover, a corto plazo, el desarrollo económico. Si las actuales circunstancias no permiten al Pueblo de Puerto Rico cumplir con las obligaciones de los bonos, según fueron pactadas originalmente, entonces debemos crear las condiciones para que ese capital se convierta nuevamente en fuente de desarrollo económico y creación de empleos. De esa manera, se ayuda a la economía de la Isla y también se les ofrece a estos demostrados emprendedores la oportunidad de recuperar todo o parte de lo que hasta hoy han perdido reinvirtiendo en nuestra economía”.
