Por redacción de Sin Comillas

Municipios como San Juan, Caguas, San Lorenzo y Ponce han anunciado aumentos en patentes municipales y en impuestos sobre l apropiedad. La Coalición del Sector Privado, entidad que agrupa más de 30 organizaciones de diversos sectores del país, apeló a la Junta de Control Fiscal, al Ejecutivo y la Legislatura a intervenir y detener estos aumentos.

La Coalición advirtió de estos aumentos tendrían efectos negativos en la economía y podría provocar una merma de recaudos del gobierno central y el empobrecimiento de la población.

Según la Coalición, en marzo de 2017, el Municipio de San Juan aumentó el tipo contributivo aplicable a las patentes municipales de negocios que generan más de $300,000, de un 0.20% a un 0.50%, un 150% de aumento.  En el caso de Caguas, la Asamblea aprobó una imposición llamada “Aportación Empresarial Municipal”, lo que significa que a todas las empresas que reporten ingresos brutos de $3 millones o más se les estará añadiendo un 0.35%; efectivo el 1ro de julio. Mientras, en Ponce estableció un aumento de 2.00% en las tasas de propiedad mueble e inmueble; de un 8.33% a 10.33% para la planilla de propiedad mueble del 2017  y desde 1 de julio en la propiedad inmueble de 10.33% a 12.33%.

La Coalición solicita la intervención de la Junta de Control Fiscal, el Ejecutivo y la Legislatura del país para evitar una crisis, “que a todas luces se vislumbra peor que la ocasionada por la nefasta Patente Nacional implantada por el Gobierno de García Padilla”.

La Coalición opina que a raíz de los recortes de $350 millones en fondos a los Municipios, contemplados en el Plan Fiscal, cada municipio buscará la forma de allegar más fondos, lo cual terminará por reducir ingresos proyectados al fondo general, provocará pérdidas en los negocios y el desempleo aumentará.

Ramón Leal, presidente de Asore, hizo un llamado a los Alcaldes a que “no trasladen el efecto neto de sus pérdidas de ingresos a los comercios de forma discriminatoria y selectiva. Como comerciantes no podemos estar a la expectativa de que en cualquier momento y a cualquier hora se nos anuncie un nuevo impuesto o aumento.  Esto es fatal para nuestros negocios, empleos y por ende nuestra recuperación económica.  Nuestro llamado es a la transparencia y que así como el Sector Privado ha tenido que implantar medidas de austeridad y eficiencias, los municipios nos presenten las suyas antes de tomar la vía más fácil y a la vez mortal para el país”.

“Lo grave de las patentes es que es una contribución que se basa en la venta bruta del comercio sin tomar en consideración todos los gastos operacionales tales como  nómina, utilidades, renta, depreciación u otras contribuciones.  Por tanto, la contribución se impone sin considerar la posición económica del comercio.  O sea, si un negocio está en pérdidas, como quiera viene obligado a pagar el impuesto.  En la mayoría de los casos los comercios no generan ingreso neto suficiente para poder cumplir con este impuesto como es el caso de la industrial al detal que opera con márgenes relativamente bajos.  Impuestos como este van en dirección contraria a incentivar la económica”, señaló Lymaris Otero, directora ejecutiva de la Asociación de Comercio al Detal.

“Como recordarán, una de las consecuencias más devastadoras que tuvo la Patente Nacional fue el efecto en cascada de aumento de costos en la cadena, desde los importadores, distribuidores, manufactureros y comercios ya que era un impuesto confiscatorio de las ventas.  Esto terminó estrangulando las finanzas de las empresas y aumentando los precios de los bienes y servicios que el consumidor paga.  En este momento, ni los consumidores ni el sector productivo del país, resisten más impuestos.  Esa fue una de las estrategias fallidas que nos trajo hasta aquí y ahora estamos bajo la amenaza de verla multiplicada por 78.  Reconocemos que existe necesidad de ingresos pero el enfoque tiene que ser obtenerlos mediante crecimiento económico”, acotó el licenciado Manuel Reyes, vicepresidente ejecutivo de MIDA.

“Puerto Rico ya ha vivido la experiencia de pretender paliar la crisis fiscal, mediante aumentos significativos en la carga contributiva del sector productivo que aporta al fisco, y resulta evidente que dicha práctica ha resultado fallida y contraproducente.  Por ello, debemos todos-el poder legislativo, ejecutivo, los municipios y el sector privado- movernos de forma asertiva para generar mayor inversión privada, atraer capital externo  y generar los empleos que resulten en  mayores recaudos para el gobierno central y los municipios, antes de tomar la ruta fácil de incrementar los impuestos existentes a las industrias y negocios que  ya aportan al fisco”, expresó el presidente de la Asociación de Constructores, Ricardo Álvarez Díaz.