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Por redacción de Sin Comillas

El gobernador Ricardo Rosselló anunció que va a crear un fideicomiso a donde se transferirán los $146 millones depositados en Banco Popular, de los fondos del “clawback”, para que se pueda pagar parte de la deuda con los tenedores de bonos de Obligaciones Generales. De esa forma, dijo, no se usará el dinero destinado a los servicios esenciales para pagar la deuda. 

Rosselló hizo el anuncio durante su discurso en la actividad denominada Caucus con el Gobierno, organizada por la Asociación de Industriales. Anunció que se estarán pagando los intereses de la Obligaciones Generales dejados de pagar el pasado 1 de febrero de 2017, que ascendieron a $1.3 millones.

En diciembre de 2014, la administración de Alejandro García Padilla firmó una Orden Ejecutiva que disponía redirigir ciertos ingresos que habían sido presupuestados para pagar el servicio a la deuda de ciertas corporaciones públicas para pagar la deuda pública. En total los ingresos retenidos o transferidos ascendieron a $329 millones entre los meses de diciembre de 2014 y julio de 2015.

¿Qué es un clawback?

Es un mecanismo que permite redirigir ciertos ingresos que se habían asignado para un uso específico para utilizarlos con un objetivo de mayor prioridad. Es como si el dinero que teníamos para pagar el celular se utilizara para pagar la comida.

Los fondos del “clawback” sólo se podrían usar para el pago de la deuda pública. Los fondos se habían acumulado ante la decisión de García Padilla de no pagar la deuda. Rosselló ha decidido echar mano del dinero para pagar parte de la deuda.

“Hoy demostramos que la visión de nuestra administración es muy distinta a la del pasado. La pasada era ir al impago, la nuestra es cumplir. Esto constituye la primera acción de cumplir con las Obligaciones Generales desde junio del año pasado”, dijo Rosselló.

Durante su mensaje ante una audiencia de unas 1,000 personas, Rosselló hizo un recuento del trabajo realizado hasta ahora: se han emitido 18 órdenes ejecutivas que, entre otras cosas, van dirigidas a reducir en un 20% los puestos de confianza en las agencias de gobierno; reducir el 10% de los contratos de servicios profesionales; y reducir otro 10% en gastos operacionales. La Oficina de Gerencia y Presupuesto (OGP) estima que con estas acciones se lograrán ahorros que superarán los $118 millones anuales.

“En estos primeros 40 días, hemos aprobado más leyes que ningún gobierno previo; pero lo más importante es la necesidad y calidad de la legislación aprobada. Estamos ejecutando un programa de gobierno bien estudiado, sin improvisar y actuando con el sentido de urgencia que la crisis heredada nos impone”, destacó el primer mandatario en su alocución.

El gobernador resaltó las leyes que se han aprobado durante las pasadas semanas, como la Ley de Reforma Laboral, el estatuto que permite operar el Gobierno como un Empleador Único, y el proyecto de reforma de permisos. Entre próximas medidas estará la reforma contributiva.

Rosselló defendió que se pueden lograr ahorros en la operación gubernamental y cumplir lo que requiere la Junta de Supervisión Fiscal, sin tener que despedir empleados públicos, protegiendo las pensiones de los más vulnerables y sin afectar los servicios esenciales al pueblo.