Por redacción de Sin Comillas
El Gobierno hará todos los pagos programados de la deuda constitucional que vencen el 1 de enero de 2016 y que ascienden aproximadamente a $434 millones para evitar una ola de demandas por parte de los acreedores. También se harán los pagos de principal e intereses de las notas en circulación del Banco Gubernamental de Fomento (BGF), que también se vencen el 1 de enero de 2016 y ascienden a una cantidad total aproximada de $10 millones. Además, se pagarán otras deudas cuyos fondos ya estaban reservados. En total el pago realizado suma alrededor de $1,000 millones.
Sin embargo, no se pagará la deuda otros emisores que actualmente no tienen depósitos o fondos en reserva. No se hará el pago de $35.9 millones de la Autoridad para el Financiamiento de la Infraestructura (AFI), ni $1.4 millones que se vencen de la Corporación para el Financiamiento Público (CFP).
Esta es la segunda vez que el Gobierno incumple el pago de la deuda. La primera vez fue en agosto cuando pagó sólo parcialmente el pago de la CFP. Los esfuerzos del Gobierno se centrarán ahora en alcanzar un acuerdo con los acreedores o lograr algún apoyo del Congreso de Estados Unidos antes de que se venza el pago de $1,900 millones en el mes de julio.
El Gobierno ha podido pagar parte de la deuda pública con los fondos redirigidos (“claw back”) que respaldan ciertas obligaciones financieras de emisores como la Autoridad de Carreteras y Transportación (ACT) , la Autoridad para el Financiamiento de la Infraestructura (AFI) y la Autoridad del Distrito del Centro de Convenciones (Convenciones), entre otros. Hasta esta fecha, se han redirigido aproximadamente $163 millones.
Debido al uso de esos fondos se espera que el 1 de enero de 2016 se paguen en su totalidad solo aquellas obligaciones para las cuales ya hay fondos suficientes en reserva, o de otro modo depositados en las cuentas que mantiene el fiduciario de los bonos. Se espera que dichas obligaciones incluyan todos los bonos de deuda emitidos por ACT y Convenciones así como las notas “Dedicated Tax Fund Revenue Bond Anticipation, Series 2015″, emitidas por AFI, para un total de $113 millones que serán pagados de los fondos depositados en reserva y no de los ingresos gubernamentales. Sin embargo, AFI no contará con fondos suficientes para realizar el pago total adeudado sobre sus bonos de renta de impuestos especiales, Series 2005A-C y Series 2006, el 1 de enero de 2016, en un total de aproximadamente $36 millones y no se espera que se paguen. No se espera que los fondos en reserva que se apliquen al pago del servicio a la deuda el 1 de enero de 2016 se repongan mientras las Órdenes Ejecutivas permanezcan en vigor.
Se espera que ciertos otros emisores de deuda como la Corporación del Fondo de Interés Apremiante (COFINA), para cuyos pagos de 1 de enero de 2016 ya se han depositado fondos suficientes con el fiduciario de los bonos, también realizarán los pagos de principal e intereses de la deuda utilizando los depósitos existentes, según programado.
Cuestionado sobre la posibilidad de que se decida cerrar el Gobierno ante la falta de fondos, el gobernador Alejandro García Padilla dijo que se hará todo lo posible para evitar esa situación.
“Una vez más, las decisiones de hoy reflejan el compromiso de Puerto Rico de honrar sus obligaciones conforme a la Constitución del Estado Libre Asociado de Puerto Rico y de proveer servicios públicos esenciales a los 3.5 millones de ciudadanos americanos de la isla. La decisión de priorizar el pago de las cantidades adeudadas sobre la deuda pública del país al 1 de enero de 2016, incluyendo sobre las obligaciones de ciertos otros emisores, refleja un esfuerzo extraordinario del Estado Libre Asociado por honrar sus obligaciones constitucionales en estos momentos, a pesar del estado peligrosamente delicado de las finanzas de Puerto Rico, con el fin de darle a Puerto Rico una mejor oportunidad para poder negociar con sus acreedores en los meses venideros una solución consensuada para la crisis de deuda del ELA. El pago de la deuda pública del ELA de 1 de enero de 2016 en su totalidad envía una señal clara a todas las partes involucradas, en especial a nuestros acreedores, de que Puerto Rico está comprometido con trabajar junto a sus acreedores y ha reunido sus limitados recursos para hacer este pago”, señaló por su parte Melba Acosta, presidenta del BGF.
“Sin embargo, la utilización de sobre $100 millones en fondos en reserva para hacer los pagos del servicio a la deuda de varios emisores del ELA debería poner de relieve que Puerto Rico se está quedando sin opciones para pagar la deuda. Que sea solo Puerto Rico quien haga más sacrificios y tome más medidas financieras extraordinarias, sin la participación de otras partes con interés, no será suficiente para evitar un impago de nuestra deuda pública, mucho menos para permitirle a la economía crecer hasta el punto en que los acreedores del ELA tengan una oportunidad real de que se les pague a largo plazo”, comentó.
La presidenta del BGF manifestó que resulta desafortunado que los líderes del Congreso hayan pospuesto la decisión de proveerle a Puerto Rico la ayuda que necesita para reestructurar su deuda de forma ordenada. Según la funcionaria, el Gobierno tiene la intención de reunirse nuevamente en la primera semana de enero con los asesores de los grupos de acreedores que se han formado.
Acosta Febo asegura que “no hay cabildeo que pueda cambiar la matemática y los hechos: no hay suficiente dinero para proveer servicios esenciales al pueblo de Puerto Rico, pagar nuestras obligaciones existentes y hacer crecer la economía, que es el única manera en que Puerto Rico podrá llegar a pagarle a sus acreedores. Esperamos hacer una propuesta específica a nuestros acreedores durante el mes de enero y esperamos que ellos nos den el apoyo que necesitamos para navegar a través de esta crisis”.
El anuncio de que el Gobierno incumplirá el pago de alguna de sus deudas abre la puerta a demandas.
El Congreso de Estados Unidos ha anunciado que celebrará una vista sobre la crisis fiscal del Puerto Rico el 5 de enero.
